El 6 de febrero de 2023, dos terremotos con epicentro en Kahramanmaras sacudieron Turquía y Siria, matando e hiriendo a miles de personas y destruyendo pueblos y ciudades enteras, dejando a su paso a las personas supervivientes desplazadas y sin cobijo bajo las duras condiciones invernales. En el momento de la publicación de este informe, fuentes oficiales cifraban en 20 000 el número de muertes, aunque se espera que esta cifra aumente. Miles de personas, entre ellas miembros y dirigentes de la Asociación de Derechos Humanos, continúan atrapadas bajo los escombros y a la espera de ser rescatadas en medio de la mala coordinación y la falta de equipos, recursos, agua potable o calefacción en las regiones afectadas. Nuestras organizaciones expresan su más sentido pésame, simpatía y solidaridad a todas las personas afectadas por el terremoto y siguen en contacto con las personas defensoras de los derechos humanos y la sociedad civil de la región para identificar necesidades y movilizar apoyos.
Tras la catástrofe, el 7 de febrero de 2023, el presidente Erdogan declaró el estado de emergencia en las diez ciudades afectadas por el terremoto hasta el 7 de mayo de 2023, que entró en vigor el 8 de febrero. El estado de emergencia se promulgó a pesar de los diversos poderes que confieren al ejecutivo otras leyes turcas relativas a la respuesta ante catástrofes, como la Ley n° 7269 sobre Precauciones que deben tomarse ante catástrofes que afecten a la vida pública y la asistencia que se debe prestar, así como la amplia autoridad sin control que el sistema presidencial reconoce al jefe del Estado. El estado de excepción parece, por tanto, innecesario y desproporcionado por su duración para la respuesta de emergencia y los poderes adicionales que otorga al presidente conllevan un riesgo de convertirse en un arma contra la sociedad civil y cualquier persona crítica con la gestión de la crisis por parte del gobierno, así como la interrupción de la ayuda humanitaria y la labor de derechos humanos en las regiones afectadas por parte de la sociedad civil.
El estado de excepción otorga al ejecutivo la autoridad para limitar aún más la circulación y la comunicación en las ciudades afectadas por el terremoto y las disposiciones penales de la Ley de Estado de Excepción n° 2935 de 1983 prevén penas de prisión para quienes "difundan o transmitan rumores y noticias falsas y exageradas con especial intención de provocar el pánico y la agitación públicos". Al anunciar el estado de excepción, el presidente Erdogan también mencionó las "noticias falsas y las distorsiones", afirmando que "nuestros fiscales están identificando a quienes recurren al caos social con métodos inhumanos y están emprendiendo rápidamente los procedimientos necesarios."
Ya están apareciendo informes de prácticas abusivas que coartan la libertad de expresión y la libertad de los medios de comunicación y que van más allá de cualquier respuesta razonable al terremoto. El día del terremoto, el presidente del Consejo Supremo de Radio y Televisión, Ebubekir Sahin, tuiteó que "ninguna institución mediática tiene derecho a hacer emisiones desmoralizadoras" y que "[el Consejo] no puede ignorar a las instituciones que realizan emisiones manipuladoras de mala fe". Al día siguiente, el corresponsal de Evrensel Volkan Pekal fue detenido en Adana por "grabar sin permiso", debido a una supuesta instrucción verbal del gobernador de prohibir las imágenes, aunque posteriormente fue puesto en libertad. El mismo día, la policía impidió a los periodistas de Diyarbakir informar sobre las labores de rescate, alegando que se había declarado el estado de excepción y también amenazó con detener a las personas supervivientes del terremoto que hablaran con periodistas. El 7 de febrero, dos periodistas, Merdan Yanardag y Enver Aysever, así como un politólogo, Ozgün Emre Kog, se enfrentaron a investigaciones penales por incitar al odio y la hostilidad entre el público debido a sus críticas a la respuesta del gobierno al terremoto, y Kog fue detenido y posteriormente puesto en libertad.
El 8 de febrero, se detuvo a Mahmut Altintas, corresponsal de la Agencia Mesopotámica, y Sema Qaglak, corresponsal de JINNEWS, en Urfa mientras fotografiaban edificios destruidos por carecer de carné de prensa expedido por la Presidencia de Comunicación, y posteriormente se los puso en libertad.1 Ese mismo día, se detuvo en Diyarbakir a Mehmet Güles, corresponsal de la Agencia Mesopotámica, y una persona voluntaria de búsqueda y rescate a la que estaba entrevistando, después de que esta persona criticara la insuficiente respuesta estatal al terremoto. Ambos fueron liberados al día siguiente, puestos bajo control judicial y acusados de difundir públicamente información engañosa en virtud de la ley de desinformación, a pesar de que la entrevista se había publicado. La Dirección General de Seguridad anunció el 9 de febrero que se había identificado a 274 personas que publicaban "mensajes provocadores en las redes sociales con el objetivo de crear miedo y pánico entre la ciudadanía", se había detenido a 31 personas y se había arrestado a nueve. Mientras tanto, el gobierno restringió el acceso a Twitter, muy utilizado para coordinar las labores de rescate y ayuda, el 8 de febrero por la tarde y levantó la restricción a primera hora del 9 de febrero tras una reunión con la directiva de Twitter en la que el gobierno planteó exigencias relativas a la "lucha contra la desinformación". Durante esta caída de Twitter, los medios de comunicación informaron de que tres presos habían muerto el 7 de febrero en la prisión de tipo T de Hatay, afectada por el terremoto, tras un motín violentamente reprimido que estalló porque no se atendieron las peticiones de los presos de ser trasladados a un lugar seguro y comunicarse con sus familias. La Dirección General de Prisiones y Centros de Detención del Ministerio de Justicia confirmó la muerte de tres presos al día siguiente, afirmando que se habían producido intentos de fuga tanto en Hatay como en la prisión de tipo L de Maras Türkoglu n° 1, sin que se informara de ninguna muerte en Maras. A pesar de la falta de confirmación oficial, la Asociación de Derechos Humanos documentó informes de lesiones en las prisiones de Malatya, donde no se permite a los presos comunicarse con sus familias.
El estado de emergencia también está afectando a las labores de rescate y a la ayuda humanitaria, ya que el gobierno ha politizado la cooperación con las partes interesadas locales a pesar de los insuficientes esfuerzos centralizados. Los gobernadores bajo las órdenes del gobierno central impidieron que la ayuda humanitaria de organizaciones profesionales de la sociedad civil, organizaciones profesionales, iniciativas ciudadanas y alcaldías de distrito dirigidas por el opositor Partido Democrático de los Pueblos (HDP) y el Partido Republicano del Pueblo (CHP) llegara a las zonas afectadas.*
La decisión se produce en un contexto de deterioro del Estado de derecho, de reducción del espacio cívico y con un historial de abusos de la legislación de excepción en 2016-2018, que condujo a violaciones generalizadas de los derechos humanos y las libertades fundamentales y a hostigamiento contra las personas defensoras de los derechos humanos, periodistas y disidentes. Varias políticas y prácticas restrictivas pasaron a ser permanentes tras el levantamiento del estado de excepción en 2018. La represión de la sociedad civil se intensificó tras la aprobación de la Ley nº 762 en 2020, que se ha utilizado para perseguir ilegalmente a organizaciones de la sociedad civil y, más recientemente, de la "ley de desinformación" en octubre de 2022, que introduce penas de prisión por el delito de "difundir públicamente información engañosa". Las organizaciones que defienden la libertad de expresión y la libertad de los medios de comunicación han condenado esta ley, cuya vaguedad allana el camino a la arbitrariedad y a la utilización como arma contra cualquier voz crítica con el gobierno.
Además, el estado de excepción se anuncia en el periodo previo a las elecciones parlamentarias y presidenciales en Turquía anunciadas extraoficialmente para el 14 de mayo de 2023. Las elecciones parlamentarias y presidenciales de 2018 celebradas en Turquía bajo el estado de excepción en todo el país se caracterizaron por el silenciamiento de las personas candidatas de la oposición y de los medios de comunicación independientes, lo que impidió al electorado y a la oposición ejercer plenamente su derecho a participar en los asuntos públicos y afectó al derecho de la ciudadanía a unas elecciones libres y justas.
Nuestras organizaciones instan a las autoridades turcas a derogar el estado de excepción, a recurrir a las facultades conferidas por la legislación vigente destinada específicamente a responder a catástrofes y a garantizar que cualquier medida adoptada en este contexto es estrictamente necesaria y proporcionada para abordar la crisis actual y plenamente conforme con las obligaciones internacionales de Turquía en materia de derechos humanos. Pedimos además a la comunidad internacional que supervise de cerca la evolución de la situación en Turquía y el impacto que estas medidas puedan tener en los derechos humanos y las libertades fundamentales, especialmente en el contexto de las próximas elecciones.