Continúa la represión del gobierno turco contra la sociedad civil en el marco de un deterioro más amplio de la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos en Turquía. Tras las protestas del Parque Gezi de 2013, la FIDH y sus organizaciones miembros en Turquía, la IHD y la Fundación de Derechos Humanos de Turquía (Türkiye İnsan Hakları Vakfı, TIHV), documentaron en un informe de 2014 el modo en que las autoridades turcas utilizaron la represión sistemática de las manifestaciones no violentas y una fuerza policial desproporcionada para reducir el espacio cívico. El intento de golpe de Estado de 2016 supuso una amenaza aún mayor para los derechos fundamentales, ya que el presidente Recep Tayyip Erdoğan prometió "eliminar el virus de todas las instituciones del Estado" en respuesta al golpe violento.
Durante los dos siguientes años de estado de emergencia, las violaciones de derechos humanos se generalizaron; se despidió a miles de personas de la función pública, entre ellas a varias personas defensoras de los derechos humanos, y se las acusó penalmente, al tiempo que se cerraron decenas de ONG e instituciones mediáticas –sobre todo en la región kurda– a través de decretos de emergencia.
Una emergencia perpetua: Los ataques contra la libertad de reunión en Turquía y sus consecuencias para la sociedad civil
El primer informe de esta serie de tres partes, publicado en julio de 2020, se centra en el derecho a la libertad de reunión y documenta hasta qué punto el estado de excepción continúa arraigado en Turquía, a pesar de haber terminado oficialmente en julio de 2018. Según la investigación realizada por TIHV, entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de enero de 2020, las autoridades emitieron al menos 147 decisiones, en 25 ciudades, con el fin de prohibir todas las reuniones y eventos durante un período que varía entre los 2 y los 395 días. Las reuniones y manifestaciones siguen prohibidas en la ciudad de Van desde noviembre de 2016. Cuando la población protesta y desafía la prohibición de ejercer su derecho a la libertad de reunión, por lo general se enfrentan a la violencia policial y a la dispersión violenta de las protestas. Las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres y del medio ambiente, así como las personas defensoras de los derechos LGBTI+ y de los derechos laborales, están especialmente en el punto de mira y se les impide ejercer su derecho a la libertad de reunión. Estas prohibiciones y la dispersión violenta de las protestas pacíficas constituyen violaciones directas de la libertad de reunión, aunque son tan solo uno de los mecanismos utilizados por el gobierno para debilitar el espacio cívico.
La sociedad civil turca en peligro: Un espacio cada vez más reducido para la libertad de asociación
La ofensiva de Erdoğan contra la sociedad civil también incluye un arsenal de enmiendas legislativas concebidas con el fin de aumentar la supervisión gubernamental de la sociedad civil y limitar la libertad de asociación, que se documenta en el segundo informe del Observatorio, publicado en mayo de 2021. Una de estas medidas legislativas, la Ley nº 7262, entró en vigor el 31 de diciembre de 2020 y permite al ministro del Interior suspender a los miembros del personal o a la directiva de las organizaciones de la sociedad civil que estén siendo procesados por cargos relacionados con el terrorismo y aumenta las multas administrativas contra las organizaciones que recaudan donaciones a través de plataformas en línea sin obtener la aprobación previa de las autoridades.
Al parecer, los requisitos administrativos y fiscales excesivamente gravosos inhiben el trabajo de los actores de la sociedad civil y se utilizan complejos requisitos burocráticos como pretexto para reprimir a las organizaciones de la sociedad civil, los recursos públicos se canalizan cada vez más hacia las nuevas ONG organizadas por el gobierno (GONGO). Estas organizaciones se presentan como una sociedad civil alternativa que respalda las acciones del gobierno.
Ahogados por el procedimiento, condenados al fracaso: Acoso administrativo contra la sociedad civil en Turquía
Estas medidas que limitan los derechos a la libertad de reunión y asociación se completan con el recurso al acoso judicial y administrativo contra las personas defensoras de los derechos humanos. Esta táctica es el tema del tercer y último informe del Observatorio. Tras ser absuelto de dos cargos, el copresidente de IHD, Öztürk Türkdoğan, aún se enfrenta a una acusación penal por, al parecer, insultar al ministro del Interior, Süleyman Soylu, a través de una declaración pública de IHD en la que criticaba los comentarios amenazantes del ministro. Dieciséis miembros de la Asociación de Vigilancia de la Migración fueron detenidos arbitrariamentea principios de este mes (junio de 2022). Dos asociaciones –el Centro Comunitario Tarlabaşı y la Plataforma Detendremos los Feminicidios– se enfrentan al cierre de sus organizaciones sin fundamento. Todas estas demandas se presentaron tras la realización de auditorías administrativas contra las asociaciones, lo que demuestra el modo en que se utilizan los actos administrativos y las sanciones para acosar a la sociedad civil y abrir así la vía al acoso judicial.
Desde el estado de emergencia continúa el acoso judicial en forma de detenciones y arrestos arbitrarios, investigaciones, juicios y condenas contra personas defensoras en represalia por su legítimo trabajo en materia de derechos humanos, lo que vulnera el derecho a defender los derechos humanos y ejerce un efecto disuasorio sobre la sociedad civil en general. El otro copresidente de IHD, Eren Keskin, también está sufriendo acoso y recientemente se le condenó a seis años y tres meses de prisión por "pertenencia a un grupo armado". Otras personas defensoras de los derechos humanos, como Osman Kavala, Fırat Akdeniz y 46 participantes en las vigilias pacíficas de los sábados de las Madres/Pueblo, han sido recientemente condenadas a prisión o detenidas y encarceladas arbitrariamente. Este acoso, acompañado de campañas de desprestigio contra las personas defensoras, constituye una herramienta del régimen de Erdoğan para estigmatizar a la sociedad civil y a las personas defensoras de los derechos humanos ante la opinión pública, contra el que las personas defensoras de los derechos humanos no tienen ningún recurso efectivo debido a la falta de independencia del poder judicial.
Esta amplia labor de documentación y análisis de las amenazas a la sociedad civil y la disminución del espacio cívico en Turquía permite formular recomendaciones al Gobierno de Turquía y a los actores internacionales, con el objetivo de dar voz a las legítimas preocupaciones planteadas por la sociedad civil y las personas defensoras de los derechos humanos en Turquía. Los organismos internacionales pueden tomar medidas para dar seguimiento a la situación, con la realización de visitas al país con el fin de evaluar el impacto de las restricciones de derechos sobre el trabajo de los grupos de la sociedad civil, el planteamiento de preocupaciones y la formulación de recomendaciones al Gobierno de Turquía a través de declaraciones públicas y por los canales diplomáticos, tanto a nivel bilateral como en los foros multilaterales, para garantizar que los derechos fundamentales, la libertad de reunión y asociación y la seguridad de las personas defensoras de los derechos humanos se respeten finalmente.