En el año siguiente al golpe, la organización miembro de la FIDH, ALTSEAN-Birmania, contabilizó 8647 enfrentamientos armados y ataques contra civiles, lo que supone un aumento del 762% respecto al año anterior. Los graves y sistemáticos crímenes generalizados cometidos por la junta se multiplicaron: las tropas destruyeron y bloquearon la ayuda humanitaria, bombardearon las ciudades y realizaron ataques aéreos contra ellas, quemaron vivas a personas civiles, cometieron violaciones y agresiones y destruyeron cientos de hogares. Los militares también detuvieron al menos a 1838 personas civiles, torturaron a cientos de ellas que se encontraban en detención y mataron a 2610 personas como consecuencia de la violencia golpista. Mientras tanto, la junta encarceló al menos a 649 miembros de la Liga Nacional para la Democracia (LND) de la oposición, 14 de los cuales murieron en detención.
Como respuesta a esta situación, la UE adoptó varias rondas de sanciones contra personas y entidades por su implicación en graves violaciones de los derechos humanos en Birmania/Myanmar. En la última ronda, que se celebró en febrero de 2022, se añadió a MOGE (Myanmar Oil and Gas Enterprise), una empresa estatal que se encuentra bajo el control de los militares desde el golpe de Estado, como una de las entidades que figuran en la lista, de sanciones siguiendo una recomendaciónque la sociedad civil llevaba tiempo formulando. Aunque acogemos con satisfacción estas sanciones, la FIDH está alarmada por la inclusión en el régimen de sanciones de una derogación (exención) que permite explícitamente a operadores petroleros y gasísticos de la Unión Europea (UE) que permanecen en Birmania/Myanmar llevar a cabo transacciones financieras con MOGE.
En su resolución, el Parlamento Europeo pidió al Consejo de la UE que "revocara la excepción", y a los Estados miembros de la UE que "se abstuvieran de aplicar la excepción" (párrafo 18).
La decisión de la UE de congelar los flujos económicos y financieros hacia MOGE podría haber sido una oportunidad decisiva para que la UE, sus Estados miembros y su sector empresarial cumplieran sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. En caso de aplicarse, esta excepción sería una enorme oportunidad perdida para actuar de forma efectiva y poner fin a la violencia desatada por la junta.