27 de junio de 2023. Las negociaciones entre las instituciones de la Unión Europea para revisar el Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG) se encuentran temporalmente en una situación de punto muerto. Tras los llamados que la FIDH viene haciendo desde hace tiempo al respecto, los/as representantes del Parlamento Europeo se han mostrado inflexibles a la hora de exigir la eliminación de la condicionalidad migratoria de la propuesta.
Desde 1971, el SPG ha sido el acuerdo comercial preferencial de la Unión Europea con más de 60 países en desarrollo, que permite una reducción de los derechos de importación que tienen que pagar cuando exportan a la Unión. El actual reglamento del SPG expira a finales de 2023 y las negociaciones entre el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo se iniciaron en enero de ese año. El nuevo reglamento debería estar vigente entre 2024 y 2033.
En dos declaraciones, el presidente de la Comisión de Comercio Internacional y el relator sobre el SPG establecieron una línea roja y no aceptan que se condicione el acceso comercial preferencial a la capacidad de los países para devolver y readmitir migrantes. La cláusula de la propuesta inicial de la Comisión Europea suscitó la oposición de los/as eurodiputados/as ya en 2022.
La FIDH acoge con satisfacción la noticia de la falta de acuerdo sobre esta cláusula injusta, después de meses de labor de incidencia en torno a esta cuestión. La Federación ha señalado en repetidas ocasiones la ilegalidad de la propuesta en virtud del derecho mercantil internacional, como también confirmó un dictamen jurídico independiente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Ámsterdam. En marzo y junio de 2023, la FIDH escribió asimismo sendas cartas al Consejo de la Unión Europea y al Parlamento Europeo, poniendo de relieve hasta qué punto este tipo de condicionalidad es contrario al propósito del SPG y no tiene sentido para la protección y promoción de los derechos fundamentales.