La publicación del informe ha coincidido con la segunda vista del tristemente célebre caso del nuevo juicio de Özgür Gündem, [1]. contra tres célebres periodistas y personas defensoras de los derechos humanos –entre quienes se encuentra Şebnem Korur Fincancı, antigua presidenta de la Fundación de Derechos Humanos de Turquía (TIHV), organización miembro de la FIDH– que se enfrentan a acusaciones relacionadas con el terrorismo punibles con hasta 14 años de cárcel. Este caso es un ejemplo de los graves problemas que socavan la existencia de la sociedad civil en Turquía. Nuestras organizaciones instan al gobierno turco a poner fin a la represión de la sociedad civil independiente y a respetar el papel fundamental que desempeñan en una sociedad democrática. Hacemos un llamado a la comunidad internacional para que redoble sus esfuerzos a fin de apoyar a la sociedad civil y a las personas defensoras de los derechos humanos en Turquía, tanto política como económicamente.
Las medidas arbitrarias del estado de emergencia vigentes de 2016 a 2018 agravaron el clima de miedo y opresión y continúan pasando factura a la sociedad civil, especialmente a través de un implacable acoso judicial contra las personas defensoras de los derechos humanos y otros actores de la sociedad civil. El informe “Turkey’s Civil Society on the Line: A Shrinking Space for Freedom of Association, [La sociedad civil de Turquía en la cuerda floja: un espacio cada vez más reducido para la libertad de asociación] ofrece una visión general de los retos jurídicos y prácticos en varios ámbitos.
Este informe pone de manifiesto no solo la incapacidad del Estado para garantizar un entorno propicio para la sociedad civil en Turquía, sino también sus intentos de socavar abiertamente esta actividad. A tal fin, despliega una narrativa hostil y estigmatizante que presenta a las organizaciones de la sociedad civil y a las personas defensoras de los derechos humanos como agentes extranjeros que suponen una amenaza para la seguridad nacional y promueven objetivos de organizaciones terroristas. Esta narrativa de odio se extiende a los miembros de la comunidad LGBTI+, que han sido objeto de campañas de desprestigio dirigidas por el Estado. Esta misma narrativa subyace también tras la reciente retirada de Turquía del Convenio de Estambul, un tratado del Consejo de Europa para la protección de las mujeres de la violencia de género, alegando un supuesto riesgo de "dañar los valores familiares tradicionales" y de "apoyar la ideología LGBTI+".
Esta narrativa estigmatizante pretende legitimar el abuso del sistema de justicia penal para reprimir a las personas y organizaciones supuestamente "criminales". De hecho, las personas defensoras de los derechos humanos y otros actores de la sociedad civil se enfrentan a menudo a investigaciones y procesos penales infundados y falsos, únicamente debido a sus legítimas actividades en defensa de los derechos humanos, así como a detenciones arbitrarias y a la prohibición de viajar y ocupar cargos públicos.
Recientemente, la estigmatización de la IHD por el ministro del Interior, y el posterior acoso judicial y criminalización de Eren Keskin y Öztürk Türkdoğan, copresidentes de la IHD, suscitan una grave inquietud debido a la persecución deliberada por motivos políticos de estos actores de la sociedad civil y de las personas defensoras de los derechos humanos por parte de las autoridades. La reciente decisión judicial en la que se condena a la Sra. Keskin por pertenencia a una organización ilegal —que se hace eco de dicha narrativa al mencionar "la necesidad de más derechos humanos nacionales y domésticos"— suscita aún más preocupación, sobre todo en lo que respecta a la politización del poder judicial.
La imposición de requisitos administrativos y fiscales excesivamente pesados constituyen otra barrera que obstaculiza el trabajo de los actores de la sociedad civil. El informe documenta el extremo rigor con que las autoridades aplican los complejos requisitos burocráticos y, al parecer, los utilizan como pretexto para perseguir a los actores de la sociedad civil, especialmente mediante frecuentes y complejas auditorías por motivos políticos. Además, las recientes modificaciones legislativas, entre otras,la Ley nº 7262, aumentan la supervisión del gobierno sobre la sociedad civil a través de un incremento de las auditorías y otras medidas, lo que permite a las autoridades suspender a los miembros del personal y a la dirección de las organizaciones de la sociedad civil que están sometidos a procesos por determinados cargos e incluso suspender las actividades de la organización.
La falta de oportunidades diversificadas de financiamiento, debido a un marco legal restrictivo y a una narrativa hostil contra las organizaciones que reciben financiación extranjera, suponen aún mayores retos para los actores de la sociedad civil independientes a la hora de llevar a cabo sus actividades y garantizar la supervivencia de sus organizaciones. Además, los recursos públicos se canalizan cada vez más hacia las nuevas ONG progubernamentales. De hecho, en el espacio político, se está procediendo a una progresiva suplantación de la sociedad civil independiente por actores progubernamentales, que se promueven como una sociedad civil alternativa que respalda las acciones del Gobierno.
Privados de cualquier oportunidad significativa de entablar un diálogo con las autoridades, hoy en día muchos actores de la sociedad civil y personas defensoras de los derechos humanos ven cómo su misión principal está esencialmente comprometida. Esto, unido a la lucha de las organizaciones de la sociedad civil luchan por sobrevivir a medida que su espacio se reduce progresivamente, contribuye al creciente agotamiento físico y psicológico de las personas defensoras de los derechos humanos, con las consiguientes repercusiones en su capacidad para llevar a cabo su trabajo.
"A pesar de la resiliencia y el valor que han demostrado los actores de la sociedad civil y las personas defensoras de los derechos humanos en Turquía, los enormes desafíos que describe este informe resultan extremamente pesados y, en algunos casos, amenazan la propia existencia de los grupos de derechos humanos y otros. En este preocupante contexto, el apoyo y la solidaridad internacional continúan siendo de vital importancia para que logren sobrevivir y prosperar."
A la vista de estas conclusiones, nuestras organizaciones formulan varias recomendaciones al Gobierno de Turquía y a los actores internacionales. A través de estas recomendaciones intentamos transmitir las legítimas preocupaciones planteadas por la sociedad civil y las personas defensoras de los derechos humanos en Turquía.
"Los actores internacionales, especialmente la Unión Europea, no pueden seguir comportándose con Turquía como si no ocurriese nada, ahora que conocen la actual represión, y deberían tomar las medidas necesarias y ejercer presión —tanto a través de la diplomacia como proporcionando un apoyo adecuado a la sociedad civil independiente— para hacer frente rápidamente el deterioro de la situación de la sociedad civil y las personas defensoras de los derechos humanos en Turquía."
Este informe es el segundo de una serie de dos números sobre la reducción del espacio cívico en Turquía, elaborado bajo los auspicios del programa financiado por la Unión Europea "Apoyo integral a los defensores de los derechos humanos en Turquía". Este programa, gestionado por un consorcio de ONG, liderado por la FIDH y en el que participa la OMCT Europa, tiene como objetivo apoyar y capacitar a la sociedad civil y a las personas defensoras de los derechos humanos en Turquía, especialmente a través de la documentación de la situación y los retos a los que se enfrentan. El primer informe, publicado en julio de 2020, se dedicó a la libertad de asociación.
Ver aquí debajo el informe completo (en inglés)