El informe constata la precaria situación en que se encuentran las poblaciones ecuatorianas de la frontera con Colombia destacándose la evidente desatención estatal y pobreza de la región.
La misión se mostró muy preocupada debido a la ausencia de infraestructura básica para cubrir las necesidades comunitarias en términos de salud, educación, protección de su seguridad e incluso acceso a la justicia, lo cual, entre otros, imposibilita las denuncias a las violaciones a los derechos humanos de los cuales son víctimas. Igualmente se constató un incremento de la presencia y de la violencia producida por paramilitares, ejército y guerrilleros colombianos, generando gran temor en la población.
Asimismo, la misión constató que el Plan Colombia repercute de manera nociva en numerosos planos, de forma particularmente grave en este contexto: De una lado, la presencia estatal se reduce a una presencia policial y militar que se concentra en el control de la movilidad de la población sin generar ni garantizar las condiciones de seguridad que la población necesita, sino por el contrario llega incluso a derivar en bloqueos (alimentario, médico o de circulación) que los deja en una situación aun más vulnerable. De otro lado, en el plano ambiental la misión constató que las fumigaciones efectuadas dentro del marco del Plan Colombia tienen efectos nocivos para las cosechas, lo cual incide, no solamente en el plano económico del comercio de la población, sino también en el acceso mismo de las comunidades a la alimentación.
De manera general, fue evidente para la misión, que son los grupos más vulnerables los que han sido particularmente afectados por efectos del conflicto en los planos más diversos, desde los desplazamientos forzados de los campesinos hasta el irrespeto de tierras sagradas para las comunidades indígenas y afrodescendientes.
Con respecto a lo establecido, el informe comprende un cierto número de recomendaciones, dirigidas principalmente a las autoridades ecuatorianas, así como también a las autoridades colombianas, estadounidenses y a las empresas productoras de los químicos empleados en las fumigaciones.
Dentro de estas recomendaciones se urge al Estado ecuatoriano a:
– Garantizar a las comunidades de la frontera el ejercicio efectivo de sus derechos a la vida digna, salud, medio ambiente, acceso a la justicia, seguridad alimentaria y condiciones mínimas para no tener que ser desplazadas o vulneradas. Para ello se recomienda el fortalecimiento de la presencia institucionales en las provincias fronterizas de manera que cubra esas necesidades y genere una comunicación fluida entre las autoridades y la población.
– Atender las graves necesidades de infraestructura y servicios médicos, educativos y de vías de acceso a las comunidades.
– Prestar especial atención a los grupos más vulnerables que se encuentran en la zona fronteriza en particulares condiciones de precariedad, como lo son los niños, mujeres, ancianos, desplazados y refugiados, bien sean ecuatorianos o colombianos. En este sentido se recomienda la formulación de políticas migratorias nuevas y adaptadas a la realidad que permitan a los migrantes y refugiados colombianos tener acceso a la regularización de su situación.
– Reforzar la presencia de órganos judiciales y la efectividad de sus funciones que garanticen a la población un acceso adecuado a la justicia.
– Tener una política pública transparente frente a los términos cómo se están manejado las relaciones con Colombia, de manera que se aclare públicamente si existe o no autorización ecuatoriana para permitir sobrevuelos de aeronaves colombianas, de fumigación o combate, sobre el territorio ecuatoriano. De no ser así, se urge a que se promueva una nota diplomática para que Colombia respete la inviolabilidad del territorio ecuatoriano.
– Cumplir el fallo del Tribunal Constitucional (Resolución No.0371-04 RA) del 15 de marzo de 2005 en el que se ordenó al gobierno ecuatoriano suscribir "un memorando de entendimiento con Colombia para que no se realicen fumigaciones en una franja de 10 km medidos desde la línea de frontera hacia el interior de la República de Colombia". Igualmente se solicita que el principio de Precaución en materia ambiental, que es ley constitucional, sea aplicado inmediatamente.
Se urge al gobierno colombiano a:
– Detener las fumigaciones sobre el territorio ecuatoriano, así como las incursiones militares que implican atravesar la frontera sin las autorizaciones requeridas.
– Proteger su propia población civil de manera que no tenga la necesidad de huir en territorio ecuatoriano.
– Concluir acuerdos humanitarios con Ecuador para atender la situación humanitaria en que se encuentran las poblaciones fronterizas.
Se urge al gobierno de los Estados Unidos a:
– Suspender su apoyo a las fumigaciones y a la militarización en Colombia y en la frontera de Ecuador con Colombia.
Se urge a las empresas productoras de químicos con que se fumiga a:
– Dejar de vender sus productos si las fumigaciones indiscriminadas continúan y sin que los Estados garanticen la protección efectiva de la población afectada y su medio ambiente.