El informe, titulado "Kirguistán en una encrucijada: reducir o ampliar el espacio para la defensa de los derechos humanos", se publica tras la realización de una misión internacional de investigación llevada a cabo en septiembre 2015 sobre la situación de las defensoras y defensores de los derechos humanos en el país. Presenta ejemplos concretos del aumento de la presión a la que se han visto sometidos las defensoras y defensores de los derechos humanos en los últimos años, tanto por parte de los funcionarios gubernamentales como de los grupos nacionalistas. Las formas de acoso utilizadas incluyen registros ilegales de las oficinas, vigilancia e intimidación por parte de los servicios de inteligencia, amenazas de utilizar en su contra de forma indebida disposiciones penales sobre la lucha contra el extremismo, ataques físicos y campañas de desprestigio en los medios de comunicación.
El informe analiza el contexto ambiguo de la defensa de derechos humanos en Kirguistán. Además, varios representantes del Estado entrevistados durante la visita de la delegación han reconocido el papel legítimo, necesario y positivo de las defensoras y defensores de los derechos humanos en la sociedad y han afirmado su voluntad de mejorar la situación de los derechos humanos en el país, pero algunas declaraciones oficiales e iniciativas legislativas recientes parecen ser más bien contradictorias.
Aunque el Observatorio aclama la reciente decisión del Parlamento de rechazar una Ley discriminatoria hacia las ONG, elaborada siguiendo el modelo de la infame ley rusa de "agentes extranjeros", lamenta que se haya creado una clima de desconfianza y animosidad hacia la sociedad civil, en particular hacia las defensoras y defensores de los derechos humanos.
El informe también denuncia, entre otras cosas, el proyecto de ley que prohíbe la llamada "promoción de relaciones sexuales no tradicionales", que aún continúa en proceso de debate en el parlamento de Kirguistán. Si se aprueba, penalizará con un mínimo de un año de prisión cualquier declaración pública, acción pública o asamblea en favor de la igualdad de derechos de las minorías sexuales, lo que limita así gravemente las libertades de asociación, expresión y asamblea pacífica. Dada su vaga formulación, el proyecto de ley afecta a grupos que trabajan en las áreas de salud sexual y minorías sexuales y de género. Varias leyes vigentes también tienen un efecto restrictivo en el contexto del trabajo de la sociedad civil, como la Ley para luchar contra la actividad extremista y la Ley de falsa acusación que penaliza la difamación.
Al Observatorio también le preocupan las declaraciones realizadas por el presidente kirguís Almazbek Atambayev con ocasión del Día de la Madre. El 14 de mayo de 2016, el presidente Atambayev nombró a los responsables de las organizaciones de derechos humanos Bir Duino Kyrgyzstan y Kylym Shamy, Tolekan Ismailova y Aziza Abdirasulova, al hablar sobre los organizadores de un supuesto levantamiento contra su Gobierno, y les acusó de atentar contra la estabilidad del Estado con la ayuda de fondos extranjeros.
"Hoy, la sociedad civil ya no sabe qué hacer. No se sabe lo que nos deparará el futuro. Ha llegado el momento de que las autoridades elijan lo que realmente quieren para el país: una democracia auténtica, basada en el respeto de los derechos humanos, o una vuelta a los peores años de nuestra historia."
El Observatorio pide a las autoridades de Kirguistán que garanticen que puedan desempeñar sus legítimas actividades en cualquier circunstancia, sin ningún obstáculo o miedo a represalias.
El informe también resalta la situación del defensor de derechos humanos Azimjan Askarov, director de la ONG Vozduh, conocido por su labor de documentación sobre violencia policial y las condiciones de detención en la zona sur de Kirguistán antes de su detención durante los enfrentamientos étnicos de 2010. Fue injustamente condenado a cadena perpetua en un juicio que no cumplió con las normas internacionales al respecto, como ha confirmado el Comité de Derechos Humanos de la ONU en abril de 2016. La situación de Azimjan Askarov es especialmente grave, comparada con la situación general de las defensoras y defensores de los derechos humanos en el país, pero es emblemática de la represión que pueden sufrir quienes abordan cuestiones consideradas como demasiado sensibles. Durante la misión de investigación, se denegó a la delegación del Observatorio el derecho a visitar a Azimjan Askarov en prisión.
"Kirguistán tiene la obligación jurídica de aplicar las decisiones del Comité de Derechos Humanos de la ONU. Debería poner en libertad inmediata al defensor de derechos humanos Azimjan Askarov y anular su condena. La falta de respeto hacia sus obligaciones internacionales socavará la reputación de Kirguistán."
Con el pretexto de luchar contra el "odio étnico" y el "extremismo", varias ONG y su personal han sufrido redadas policiales abusivas y persecución. Al igual que Azimjan Askarov, todas estas personas estaban implicadas en trabajos relacionados con la situación de minorías étnicas del sur de Kirguistán. La persecución de abogados que protegen los derechos de las minorías étnicas en Kirguistán no se limita únicamente a registros y a la confiscación de documentos, sino que, en algunos casos, como se ha documentado en el informe, los abogados fueron atacados en edificios de juzgados e incluso en las salas del tribunal.
Kirguistán ha ratificado los principales instrumentos de derechos humanos de las Naciones Unidas. Las autoridades deben aplicarlos de inmediato y deben, concretamente, garantizar un entorno seguro para todos las defensoras y defensores de los derechos humanos.