"Desde la puesta en libertad de los prisioneros y prisioneras políticos en agosto de 2015 básicamente no se ha producido ningún cambio sistémico en la situación de los derechos humanos en el país."
A pesar de que se tiende hacia una normalización de las relaciones entre UE y Belarús, las organizaciones de derechos humanos de Belarús siguen denunciando el gran número de violaciones de los derechos humanos registrado los últimos meses. [2]Los defensores y defensoras de los derechos humanos siguen siendo objeto de hostigamiento y, además, se sigue negando la inscripción a muchas organizaciones de la sociedad civil. El Centro de Derechos Humanos Viasna continúa su trabajo a pesar de no estar inscrito, y corre el riesgo de ser perseguido penalmente según el artículo 193.1 del Código Penal.
Se detiene, juzga y multa a los y las periodistas que trabajan para medios de comunicación independientes o extranjeros sin acreditación [3]y recientemente un periodista recibió una paliza a manos de la policía en una sala de tribunal. [4]
Belarús es el último país europeo que sigue aplicando la pena de muerte. Desde el inicio del año ya se ha realizado una ejecución y tres prisioneros se encuentran actualmente en el corredor de la muerte.
"Es un momento crucial para que la UE logre auténticos compromisos por parte de las autoridades de Belarús, pero para ello es necesario un posicionamiento público claro respaldado por una sólida influencia política, seguido de una supervisión en la que participe la ONU y la sociedad civil."
En sus reuniones con los Estados miembros de la UE, la Comisión Europea, el Servicio Europeo de Acción Exterior y el Representante Especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos, Ales Bialiatski y Zhanna Litvina han insistido en la necesidad de que la UE establezca una hoja de ruta en materia de derechos humanos que se sitúe en el centro de las conversaciones con las autoridades bielorrusas. Las organizaciones de derechos humanos bielorrusas han presentado una serie de medidas en ámbitos como la libertad de expresión, la libertad de asociación, la abolición de la pena de muerte o la rehabilitación social de los antiguos prisioneros y prisioneras políticos que no exigen reformas legislativas y que las autoridades bielorrusas pueden aplicar de inmediato. [5] Esta debería ser la base para un acercamiento entre la UE y Belarús.
Antecedentes
En enero de 2011, los Estados miembros de la UE aprobaron medidas restrictivas (denegación de visado e inmovilización de fondos) contra los funcionarios bielorrusos considerados responsables de vulnerar las normas electorales internacionales en las elecciones presidenciales de 2010 o de la represión ejercida contra la sociedad civil, la oposición democrática y los medios de comunicación independientes. Desde entonces se han renovado de forma periódica las sanciones contra el régimen porque los prisioneros y prisioneras políticos continuaban encarcelados y la UE consideraba que el respeto de los derechos humanos, el Estado de derecho y los principios democráticos no habían mejorado de forma significativa.
El 29 de octubre de 2015, los 28 Estados miembros de la UE decidieron suspender la aplicación, hasta el 29 de febrero de 2016, de las medidas restrictivas contra 175 personas y 14 entidades vinculadas con violaciones de derechos humanos en Belarús. Tras esta decisión, el Centro de Derechos Humanos Viasna y la FIDH instan a la UE a que busque compromisos concretos por parte de las autoridades bielorrusas en materia de reformas fundamentales sobre los derechos humanos, antes de tomar cualquier decisión sobre la evolución de las relaciones con Belarús. [6]