Brasil: Relator Especial de Naciones Unidas visita Piquiá ante abandono del Estado

Con motivo de la visita de Baskut Tuncak, relator especial de Naciones Unidas sobre derechos humanos y sustancias peligrosas, la FIDH, Justiça Global y Justiça nos Trilhos hacen un llamado al Estado brasileño y las empresas para que asuman sus responsabilidades y reparen integralmente las violaciones a los derechos humanos y el ambiente que vive la comunidad de Piquiá desde hace más de tres décadas.

Entre el sábado 7 y el lunes 9 de diciembre, el relator se encuentra en el estado de Maranhão, donde las desastrosas consecuencias de la industria minera y siderúrgica en la salud de los habitantes de Piquiá debido a la contaminación ambiental y sonora han sido denunciadas durante años, pero permanecen impunes. Luego de su visita a esta zona, el relator interpelará a las autoridades estatales y federales sobre el caso se Piquiá, comenzando hoy lunes en la capital del estado de Maranhão y en Brasilia.

“Esperamos que esta visita dé mayor visibilidad internacional a este caso, por tanto tiempo ignorado por el Estado, despertando a las autoridades para que la legislación ambiental sea reforzada y efectivamente implementada. A su vez, un firme llamado del relator a Vale, Viena Siderúrgica, Gusa Nordeste, Aço Verde Brasil e Cimento Verde Brasil (las tres últimas del Grupo Ferroeste), para que reparen los daños causados y se alinien con la normativa existente es necesario,” señaló Sandra Carvalho, vice presidenta de la FIDH y Coordinadora de Justiça Global.

El relator especial, cuyo mandato es monitorear los efectos nocivos que generados por sustancias y desechos peligrosos, debe alertar a los órganos de la ONU sobre las violaciones constatadas en la comunidad de Piquiá, y formular recomendaciones.

Los habitantes encaran con dignidad y aplomo, día tras día, la encomiable tarea de luchar por el ejercicio de sus derechos vulnerados. Mientras que la relocalización a Piquiá da Conquista les brinda una cauta esperanza, su situación sigue siendo grave.

La noticia alentadora es que frente a esta situación, la comunidad de Piquiá no se ha rendido. A pesar de los escasos recursos y apoyo con que cuenta, ha sabido organizarse y conseguir los recursos para ser relocalizada en un lugar llamado Piquiá da Conquista, donde un futuro lejos de la polución se construye. Sin embargo, existe el riesgo que las políticas de restricción presupuestaria para los programas sociales por el gobierno de Jair Bolsonaro como el contexto político más amplio afecten directamente la conclusión de este proceso.

“Mientras la comunidad de Piquiá continúe enfrentando problemas de salud debido a la polución del aire y siga expuesta a desechos tóxicos y peligrosos que resultan de la inadecuada gestión por parte de las empresas siderúrgicas, no habrá reparación integral. El mensaje del relator debe exigir además garantías de no repetición, para que las generaciones futuras en Piquiá puedan gozar de su derecho a un ambiente sano,” acotó Danilo Chammas de Justiça nos Trilhos.

Hoy, solicitamos concretamente que el Estado brasileño asegure la pronta conclusión e implementación de las decisiones judiciales y garantice la efectiva reparación a las familias afectadas negativamente por la industria minera, de arrabio y acero; que se inicien los procedimientos investigativos e impongan sanciones a las personas físicas y jurídicas responsables; se asegure un lapso de tiempo específico y acotado para que las empresas se alineen a las normas legales vigentes y aseguren garantías de no repetición; y que las empresas tomen las medidas necesarias para proteger a las familias de los desechos tóxicos y detener inmediatamente las operaciones sin licencia.

Esperamos que la presente visita del relator especial sirva para colocar nuevamente a Piquiá en la agenda pública y política de decisiones. Tuncak tendrá una conferencia de prensa el 13 de diciembre de 2019 a las 14:00 horas en Brasilia, donde compartirá sus observaciones preliminares. El relator especial presentará un informe completo con su análisis y recomendaciones al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en septiembre de 2020.

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