En 2013, estos cuatro hombres –Akshay Thakur, Vinay Sharma, Pawan Gupta y Mukesh Singh– fueron declarados culpables de la violación y el asesinato en grupo de una joven en un autobús de Nueva Delhi en 2012 y condenados a muerte. Su ejecución se pospuso varias veces, ya que los acusados ejercieron todos los recursos judiciales posibles. El caso atrajo una atención muy necesaria sobre la tendencia generalizada de la violencia sexual y de género en la India.
"Al no llevar a cabo ninguna ejecución en los últimos cinco años, las autoridades de la India estaban tomando medidas para unirse a la lista de países que avanzaban hacia la abolición de la pena de muerte. Las ejecuciones de esta mañana son un paso en la dirección equivocada, y no contribuyen a abordar eficazmente la cuestión de la violencia sexual y de género en la India".
La FIDH y People’s Watch están especialmente preocupadas por el hecho de que las violaciones y otras formas de violencia sexual y de género sigan ocurriendo en la India, así como por el ritmo alarmante con el que se producen, sin que las autoridades realicen esfuerzos sustanciales para potenciar métodos de eficacia probada para reducir esos delitos.
"No importa lo atroz que sea el crimen, la pena de muerte nunca es la respuesta. La única forma de reducir las violaciones y la violencia sexual es reforzando el sistema de justicia penal, introduciendo medidas destinadas a poner fin a la impunidad de sus autores y facilitar las denuncias de los delitos sexuales a las autoridades".
En 2018, el Parlamento de la India aprobó una ordenanza del Gabinete que introdujo la pena de muerte para los casos de violación de niñas menores de 12 años, lo que aumentó a 54 el número de delitos punibles con la pena de muerte.
En 2015, la Comisión Jurídica de la India recomendó la abolición de la pena de muerte para todos los delitos, excepto los relacionados con el terrorismo y la guerra. Además, durante sus consultas, surgió un consenso general entre los miembros de la Comisión Jurídica en el sentido de que no era posible que los tribunales no adoptasen un enfoque justo y no discriminatorio de la pena de muerte.
La India es parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que garantiza el derecho a la vida y exige avances hacia la abolición de la pena de muerte. Sin embargo, durante el tercer Examen Periódico Universal (EPU) de la India en mayo de 2017, el Gobierno de ese país se negó a aceptar ninguna de las recomendaciones formuladas con respecto a la abolición de la pena de muerte. El Gobierno también votó en contra de la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 2018 (UNGA) a favor de una moratoria mundial del uso de la pena de muerte.
En 2019, los tribunales de la India impusieron 102 sentencias de muerte, con lo que el número total de presos en el corredor de la muerte ascendía a 378 a finales de diciembre de 2019. En 2016, 2017, 2018 y 2019 no hubo ejecuciones y la última ejecución en el país, antes de las de esta mañana, se llevó a cabo en 2015.
La FIDH, miembro fundador de la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte (WCADP) y miembro del Comité Directivo de la WCADP, y People’s Watch reiteran su firme oposición a la pena de muerte para cualquier delito y en cualquier circunstancia.