Cuando se cumple un año desde que la coalición liderada por Arabia Saudí comenzó las operaciones militares en Yemen y al tiempo que aumenta tanto la escala como la gravedad del sufrimiento que causan a la población civil las partes en conflicto, las ocho organizaciones abajo firmantes pedimos a todos los Gobiernos lo siguiente:
– Que dejen de suministrar cualquier arma, munición o equipamiento militar a las partes en conflicto en Yemen, donde existe un importante riesgo de que estas armas se utilicen para cometer o facilitar graves violaciones del derecho internacional humanitario o del derecho internacional de los derechos humanos.
Un año después de que coalición entrara en el conflicto, la Secretaría General de las Naciones Unidas señaló que "Yemen está en llamas y lleno de armas". Suministrar armas y material bélico a grupos que se sabe han violado el derecho de guerra en repetidas ocasiones, puede hacer de los proveedores de armas cómplices de los crímenes de dichas facciones y contribuirá a seguir avivando el fuego de estas atrocidades. La comunidad internacional tiene la obligación de tomar medidas para velar por el respeto del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos.
En particular, los Estados partes en el tratado sobre el comercio de armas y los miembros de la Unión Europea están obligados a evaluar de forma objetiva el riesgo de un posible traspaso de armas a cualquiera de las partes en conflicto en Yemen para utilizarlas para cometer o facilitar violaciones graves. Cuando existe un riesgo claro y significativo, este traspaso no se puede autorizar. En cualquier caso los Estados deben velar, como mínimo, por que exista una garantía jurídicamente vinculante, respaldada con sanciones, de que el uso final de estas armas se ajustará al derecho internacional, en especial al derecho internacional humanitario y al derecho de los derechos humanos.
– Que apoyen un mecanismo internacional creíble e independiente para investigar las acusaciones de violaciones graves del derecho internacional humanitario y del derecho de los derechos humanos cometidas en Yemen, con vistas a garantizar que las víctimas de estas violaciones obtengan reparación y que los sospechosos respondan de estos delitos ante la justicia en el marco de juicios justos.
Antecedentes
El conflicto armado en Yemen ha sido devastador para la población y las infraestructuras civiles, así como para el patrimonio cultural del país. El año pasado, más de 3 000 civiles fueron asesinados. La inseguridad que causan los bombardeos aéreos y los ataques terrestres, así como las restricciones en el acceso humanitario y en la importación de productos comerciales esenciales, ha contribuido a una situación en la que 21 millones de personas, es decir el 82% de la población de Yemen antes de la guerra, en estos momento necesiten asistencia humanitaria.
El 26 de marzo del 2015, la coalición de 9 países liderada por Arabia Saudí, junto a las fuerzas leales al presidente Abd Rabbuh Mansur Hadi, comenzó una campaña aérea y terrestre contra Ansar Allah, los llamados huzíes y las fuerzas leales al antiguo presidente Ali Abdullah Saleh. Desde entonces, la confrontación armada se ha extendido a la mayor parte del país, ha llegado hasta la vecina Arabia Saudí y se han incorporado al conflicto varios grupos locales armados y Al Qaeda en la Península Arábiga. El Grupo de Expertos de las Naciones Unidas sobre el Yemen, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y Mwatana han documentado docenas de bombardeos aéreos por parte la coalición con ataques indiscriminados y desproporcionados que han acabado con la vida de civiles en una clara violación del derecho internacional humanitario. Los huzíes y otros grupos armados han cometido numerosas violaciones del derecho internacional humanitario así como abusos de los derechos humanos.
Entre las violaciones documentadas con detalle están las siguientes:
Bombardeos aéreos de la coalición por todo el país, aparentemente en violación del derecho internacional humanitario, causando la muerte a varios cientos de civiles. Bombardeos de áreas residenciales pobladas, hospitales, escuelas, mercados y mezquitas que pueden constituir crímenes de guerra [1]. El Grupo de Expertos de las Naciones Unidas ha documentado 119 intervenciones armadas de la coalición relacionadas con violaciones del derecho internacional humanitario [2].
Uso reiterado de municiones de racimo prohibidas a escala internacional por parte de la coalición, que ha causado bajas civiles y que supone una amenaza para la población civil, tanto inmediata como a largo plazo, debido a los explosivos sin detonar [3].
Ataques terrestres indiscriminados por parte de huzíes y de las fuerzas aliadas causando muertos y heridos entre la población civil de Yemen y de las ciudades fronterizas de de Arabia Saudí, en violación del derecho internacional humanitario [4]
El uso por parte de los huzíes y de la coalición de minas antipersona prohibidas internacionalmente [5]. Los huzíes y las fuerzas aliadas ponen en peligro las vidas de miles de civiles en la ciudad de Taiz, al sur del país, al bloquear la entrada de suministros médicos y de alimentos cruciales [6].