Yara Sallam trabajaba para la Iniciativa Egipcia por los Derechos Personales (EIPR). En diciembre de 2014 fue condenada en el juicio de apelación, junto a otros 22 manifestantes, a dos años de prisión y a dos años de vigilancia policial, en virtud de la draconiana Ley Antiprotesta de 2013. Fue puesta en libertad el 23 de septiembre de 2015 gracias a un indulto presidencial.
La FIDH, a través de su Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos, junto con el Instituto de El Cairo para Estudios de Derechos Humanos (CIDRS), habían remitido el caso de Yara Sallam al Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria en agosto de 2014.
Las conclusiones de la ONU ponen de manifiesto la difícil situación de muchos defensores y defensoras de los derechos humanos detenidos en virtud de la Ley Antiprotesta, entre los que se encuentran la Sra. Mahienour El-Massry y los Sres. Youssef Shaban, Loay Mohamed Abdel Rahman [1] y Alaa Abdel-Fattah [2]
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