Dieciséis organizaciones de derechos humanos han pedido hoy a las autoridades de la India que pongan fin de inmediato a las represalias contra personas defensoras y organizaciones de derechos humanos en Jammu y Cachemira, especialmente Khurram Parvez, Irfan Mehraj y la Coalición de la Sociedad Civil de Jammu y Cachemira (JKCCS). Khurram Parvez lleva detenido arbitrariamente desde el 22 de noviembre de 2021 como represalia por su trabajo en favor de los derechos humanos, incluida la documentación y la defensa en Jammu y Cachemira. Estamos alarmados por las nuevas causas penales abiertas contra Khurram Parvez e Irfan Mehraj, periodista y defensor de los derechos humanos, en marzo de 2023, y por las continuas represalias contra la JKCCS.
JKCCS es la principal organización de derechos humanos de Jammu y Cachemira. Desde su fundación en 2000, la organización ha llevado a cabo investigaciones pioneras en materia de derechos humanos, ha publicado decenas de informes sobre derechos humanos rigurosamente investigados, ha litigado en casos de derechos humanos y, mediante la movilización y la defensa no violentas, ha dado voz a víctimas de violaciones de derechos humanos en Jammu y Cachemira a las que de otro modo no se escucharía. La investigación de la organización está ampliamente considerada como fidedigna por académicos, la sociedad civil internacional y los expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas, que han citado el trabajo de la JKCCS en sus propios informes sobre la situación de los derechos humanos en Jammu y Cachemira. Nuestras organizaciones también han citado y referenciado el trabajo de la JKCCS, que tiene un valor incalculable para comprender la situación de los derechos humanos en Jammu y Cachemira y es de una calidad excepcional.
Khurram Parvez es coordinador de programas de la JKCCS y presidente de la Federación Asiática contra las Desapariciones Involuntarias (AFAD). En febrero de 2023, Khurram Parvez recibió el prestigioso premio Martin Ennals. Irfan Mehraj trabajó anteriormente como investigador para la JKCCS. En octubre de 2020, la Agencia Nacional de Investigación de la India allanó la oficina de la JKCCS y el domicilio de Khurram Parvez, e incautó dispositivos y documentos, incluido su pasaporte. Las autoridades de la India, mediante represalias selectivas y la criminalización de la labor de derechos humanos, han hecho imposible que la JKCCS continúe su vital trabajo. Los cargos presentados por la NIA contra Khurram Parvez incluyen graves cargos relacionados con el terrorismo en virtud de la Ley de Actividades Ilegales (Prevención), una ley antiterrorista que viola las normas internacionales y que las autoridades indias utilizan sistemáticamente para incapacitar y perseguir a las personas defensoras de los derechos humanos y a otros disidentes. El relator especial de la ONU sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos, junto con el relator especial sobre derechos humanos y lucha contra el terrorismo y muchas otras personas, han expresado anteriormente su profunda preocupación por la enmienda de 2019 a la UAPA debido a la amenaza que supone para las personas defensoras de los derechos humanos y el derecho a la libertad de expresión.
Además de los cargos presentados contra Khurram en virtud de la UAPA, en octubre de 2020 la NIA archivó otra causa dirigida específicamente contra la JKCCS y cualquier persona relacionada con la organización. El 20 de marzo de 2023, la NIA detuvo a Irfan Mehraj por graves cargos relacionados con el terrorismo. Khurram Parvez, ya encarcelado en el caso de 2021, también fue detenido en el caso JKCCS. La NIA ha declarado públicamente que uno de los motivos de la detención de Irfan Mehraj fue su estrecha relación con Khurram Parvez y la JKCCS, que estaban "financiando actividades terroristas en el valle y propagando la agenda secesionista en el valle bajo el disfraz de la protección de los derechos humanos". Ambos personas defensoras de los derechos humanos permanecen recluidos en la cárcel de máxima seguridad de Rohini, en Nueva Delhi. A Khurram Parvez se le ha denegado tanto la puesta en libertad como la libertad bajo fianza a pesar de los llamamientos generalizados para que sea liberado.
En lugar de respetar las obligaciones jurídicas internacionales y proteger los derechos humanos, las autoridades indias han criminalizado explícitamente la labor crítica del JKCCS en materia de derechos humanos, calificándola de organización que publica "material antinacional e incriminatorio para fomentar el odio, el desprecio y la desafección hacia el gobierno de India". Las autoridades indias también han llevado a cabo múltiples redadas en la residencia y la oficina de Khurram Parvez. Su detención y la de Irfan Mehraj ponen de manifiesto la determinación de las autoridades indias de criminalizar y deslegitimar a las personas defensoras de los derechos humanos e incapacitar y castigar a quienes, como Khurram Parvez e Irfan Mehraj, defienden los derechos humanos en circunstancias extremadamente difíciles y con un gran coste personal. El 24 de marzo de 2023, la relatora especial de la ONU sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos, Mary Lawlor, expresó su preocupación por los ataques contra JKCCS y afirmó que la organización "lleva a cabo una labor esencial de vigilancia de los derechos humanos. Sus investigaciones y análisis de las violaciones de derechos humanos son de enorme valor, incluso para las organizaciones internacionales que tratan de garantizar la rendición de cuentas y la no repetición de los abusos".
Existe un riesgo creíble de que aumenten las amenazas contra JKCCS. A principios de marzo de 2023, una semana antes de la detención de Irfan Mehraj, la NIA interrogó a Khurram Parvez durante dos días consecutivos en la cárcel de Rohini, y lo amenazó a él y a sus colegas con detenerlos en un nuevo caso. En sus alegaciones ante el Tribunal de Patiala House el 22 de marzo, cuando Khurram Parvez e Irfan Mehraj quedaron en prisión preventiva, la NIA indicó que era probable que detuvieran a más personas por el mismo caso.
Pedimos a las autoridades indias que pongan en libertad de inmediato y sin condiciones a Khurram Parvez e Irfan Mehraj, retiren todos los cargos contra ellos y pongan fin a la persecución y los ataques de que son objeto actualmente las personas defensoras de los derechos humanos en Jammu y Cachemira. Las represalias contra personas defensoras en Jammu y Cachemira, incluidas organizaciones de derechos humanos y periodistas independientes, tienen como objetivo mantener un silencio forzoso y facilitar la impunidad continuada de las violaciones en una región intensamente militarizada que el gobierno indio ha hecho inaccesible a la comunidad internacional y en la que se cometen graves violaciones de los derechos humanos desde hace mucho tiempo y de forma continuada. La detención arbitraria y continuada de Khurram Parvez e Irfan Mehraj, y el abuso de las leyes antiterroristas y afines para perseguir a las personas defensoras de los derechos humanos constituyen una violación de las obligaciones internacionales de India y refuerzan la preocupación por el deterioro de la situación de los derechos humanos en el país. India debe proteger los derechos humanos, no perseguir a las y los que los defienden. Las autoridades indias deben cumplir de inmediato sus obligaciones jurídicas internacionales, permitir que la sociedad civil opere libremente en Jammu y Cachemira y en India, y poner fin a su prolongada obstrucción a la sociedad civil internacional y a las organizaciones intergubernamentales, incluidos los relatores especiales de las Naciones Unidas y otros mecanismos de derechos humanos, que deben tener acceso sin restricciones a Jammu y Cachemira y a los detenidos cachemires.