→ Lea nuestra carta abierta a los ministros de Asuntos Exteriores sobre la urgencia de conceder visados de emergencia a los defensores de derechos humanos y otras personas.
"Los recientes e impactantes acontecimientos en Afganistán tienen el potencial de conducir a violaciones de derechos humanos a gran escala y desestabilizar la región. Dadas las pésimas credenciales de los talibanes en materia de derechos humanos, es vital que la comunidad internacional vigile de cerca la situación y actúe con prontitud para evitar una catástrofe."
La comunidad internacional tiene la responsabilidad de garantizar la protección de los derechos de todos los afganos, especialmente de los más vulnerables. Los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU deben garantizar que se adopten y apliquen medidas concretas para proteger a los civiles, apoyar a los defensores de derechos humanos -incluido su derecho a solicitar asilo y a no ser devueltos- y financiar los esfuerzos de ayuda humanitaria.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU debe convocar urgentemente una sesión especial y aprobar una resolución en la que se pida la protección de los civiles -incluidos los defensores de derechos humanos, los periodistas y los miembros de la sociedad civil- y el respeto de los derechos humanos de acuerdo con los tratados internacionales de los que Afganistán es parte.
La comunidad internacional debe asimismo presionar al gobierno de facto de Afganistán para que apoye inequívocamente la investigación en curso de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre presuntos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Del mismo modo, debe garantizarse la seguridad de los supervivientes, los testigos, los defensores de derechos humanos y los miembros de la sociedad civil que han contribuido a los esfuerzos de investigación y divulgación de la CPI. También es crucial que las pruebas físicas y digitales de estos crímenes se aseguren y se transfieran a la Fiscalía de la CPI sin más demora.
Antecedentes
La anterior etapa de los talibanes en el poder, de 1996 a 2001, se vio empañada por graves violaciones de derechos humanos, en particular los derechos de mujeres y niños. Además de promulgar y aplicar edictos que restringían prácticamente todos los aspectos de la vida de las mujeres, incluida su libertad de movimiento, su derecho a la educación y su derecho al trabajo, los talibanes tienen un largo historial de amenazas y ataques a miembros de la sociedad civil, incluidos los que defienden los derechos humanos, la educación y la democracia, los trabajadores de los medios de comunicación, los académicos y los miembros de las minorías étnicas, en particular los Hazaras.
En las últimas semanas han empezado a aparecer informes sobre violaciones de derechos humanos en las zonas controladas por los talibanes, como ataques contra defensores de derechos humanos y periodistas, cierre de escuelas y represalias contra civiles que trabajaban para el gobierno afgano o gobiernos extranjeros. La ofensiva de los talibanes en los últimos meses ha provocado también un drástico aumento de los desplazamientos internos: aproximadamente 244.000 personas sólo desde mayo [1]
La Fiscalía de la CPI está investigando los presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en Afganistán desde 2003. Muchos afganos han contribuido a documentar los crímenes cometidos por todas las partes del conflicto, incluidas las fuerzas gubernamentales, los talibanes, otros grupos armados y las fuerzas dirigidas por Estados Unidos.