Esta decisión da esperanza a las víctimas de los graves crímenes que han ocurrido en Venezuela y que llevan años luchando por que se haga justicia. La apertura de una investigación por parte de la Fiscalía de la CPI brinda la posibilidad de que se lleve a cabo un estudio imparcial e independiente en los casos de crímenes de lesa humanidad, lo cual, hasta ahora, ha estado fuera del alcance de la mayoría de las personas afectadas por estos delitos.
La Fiscalía de la CPI inició un examen preliminar sobre la situación en Venezuela el 8 de febrero de 2018, con el objetivo de analizar los delitos presuntamente cometidos en Venezuela desde al menos abril de 2017, en el contexto de las manifestaciones de ese año. En diciembre de 2020, la Fiscalía concluyó que existía un fundamento razonable para creer que en Venezuela se habían cometido crímenes de lesa humanidad, incluyendo detenciones arbitrarias, tortura, violación y/u otras formas de violencia sexual y persecución, por parte de autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas e individuos a favor del Gobierno.
PROVEA y la FIDH saludan también el compromiso del Estado venezolano, a través de un acuerdo de entendimiento con el Fiscal de la CPI, a establecer mecanismos para mejorar la cooperación con la CPI y a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar una administración de justicia eficaz en el territorio nacional.
Nuestro análisis en el terreno ha demostrado que la justicia venezolana no está llevando a cabo procedimientos judiciales genuinos para enjuiciar a los autores de los crímenes internacionales cometidos en su territorio. El sistema actual de justicia ha estado sometido a un control e injerencia por parte del poder ejecutivo, con graves vulneraciones del debido proceso, amenazas a víctimas y testigos, fuertes demoras y carencias estructurales en lo relativo a recursos materiales y humanos.
Para lograr que el sistema de administración de justicia venezolano funcione apegado a los estándares internacionales sobre el debido proceso es imprescindible generar un amplio consenso. Para ello deben participar todos los sectores que puedan realizar aportes: Facultades de Derecho, abogados y abogadas con experticia, organizaciones sociales y de derechos humanos y las organizaciones de víctimas.
Basándose en este acuerdo de entendimiento entre el Estado venezolano y la Fiscalía de la CPI, desde PROVEA y la FIDH hacemos un llamado a retomar las negociaciones entre los actores políticos, cuya agenda incluye la reinstitucionalización del sistema de justicia. Estas negociaciones se habían estado realizando en México y su suspensión fue anunciada por el gobierno de Venezuela el pasado 16 de octubre. Para que se considere que hay capacidad y voluntad de investigar, procesar y sancionar a los responsables de los crímenes de lesa humanidad que están actualmente bajo investigación de la Fiscalía de la CPI es necesario abordar reformas importantes en los distintos órganos del sistema de administración de justicia, lo cual no podrá lograrse sin acuerdos nacionales y sin la participación plural de los actores sociales y políticos del país. Por ello, PROVEA y la FIDH continuarán trabajando para monitorear la administración de justicia y ofreciendo sus aportes para la restitución del Estado de Derecho en Venezuela.