París – Lima, 4 de junio de 2010 - A un año de los enfrentamientos de Bagua [1] que se produjeron el 5 de junio del 2009 y resultaron en la muerte de 33 personas (23 policías y 10 civiles), la desaparicíon de 1 policía y dejaron heridas a unas 200 personas, entre ellas más de 80 por bala, la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) y la Asociación Pro Derechos Humanos del Perú (APRODEH), organización miembro de la FIDH en ese país, quisieran, además de reiterar su condena de estos hechos de violencia y su solidaridad con todas las víctimas, destacar lo siguiente:
Sobre el proceso de diálogo:
La FIDH y APRODEH valoran el proceso de diálogo que se ha desarrollado así como los resultados a los cuales ha dado lugar, en particular mediante las mesas de diálogo creadas luego de los enfrentamientos. Esto ha sido posible gracias a los esfuerzos realizados por el Estado peruano y los pueblos indígenas en la búsqueda de una solución pacífica duradera. Sin embargo, recuerdan que el diálogo ha s ido caracterizado por una serie de dificultades y que si bien se han logrado importantes acuerdos en el marco de las mesas de negociación, los resultados de la mesa sobre la investigación de los hechos tienden a ser sesgados y por tanto desalentadores.
La FIDH y APRODEH recuerdan que el proceso ha sido marcado por la criminalización de los líderes indígenas. Los procesos contra los dirigentes indígenas continúan. Las acusaciones penales en contra de varios dirigentes indígenas se mantienen. Entre ellos se destaca Alberto Pizango, Presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP). Estos procesos constituyen un grave obstáculo para el diálogo.
Sobre las investigaciones y los procesos judiciales:
La FIDH y APRODEH expresan su preocupación frente a la falta de avances en las investigaciones penales. Al día de hoy, 127 civiles (entre los cuales Alberto Pizango) están siendo procesados por diversos delitos y actos cometidos contra miembros de la Policía Nacional, incluidas la muerte de 23 policías y la desaparición del Mayor Bazán. Ningún proceso ha sido concluido aún.
En cuanto a la muerte de civiles y las lesiones causadas en agravio de otros civiles, existe un solo caso que está a la vez en el foro civil y en el militar. El proceso civil no ha avanzado: todavía se encuentra en etapa de acusación. Preocupa que la investigación en el fuero militar de este mismo caso continúe, con el riesgo de generar un bloqueo del proceso civil cuando se trata de violaciones a los derechos humanos que, como tal, en ningún caso deberían recaer en el fuero militar. Cabe recordar también que aún falta que se abra una investigación por la muerte de 4 civiles que no están comprendidos en la denuncia civil.
La FIDH y APRODEH recuerdan la importancia de que los responsables de los crímenes que se cometieron el 5 junio 2009 sean procesados y juzgados, así como el necesario respeto de las reglas del debido proceso.
Sobre el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados:
Es, sin lugar a duda, el punto de mayor avance. La FIDH y APRODEH acogen con satisfacción la adopción, el 19 de mayo del 2010, de una ley de consulta de los pueblos indígenas que cumple con el Convenio N°169 de la OIT. Destacan también la suspensión por el gobierno peruano, desde inicios del 2010, de la exploración por la empresa minera Afrodita. La FIDH y APRODEH llaman a que la ley de consulta sea debidamente implementada. Preocupa en particular el anuncio de Perupetro, empresa « estatal de derecho privado », del 14 de mayo del 2010, según el cual 25 lotes serán licitados este año para la exploración de gas y petróleo, situados en su mayoría en la zona de selva. Perupetro pretende que ya se realizaron las debidas consultas, cuando aún no había sido aprobada la nueva ley, lo cual resulta contradictorio. Por otro lado, aun queda pendiente el tema de los proyectos de explotación en ejecución y que no han sido previamente consultados: es necesario que el gobierno peruano cumpla con las recomendaciones de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT de febrero del 2010, en las que se recomendó suspender todas las operaciones de exploración y explotación que afecten los derechos territoriales de los pueblos indígenas.
La FIDH y APRODEH reiteran su llamado a las autoridades peruanas y a los pueblos indígenas para que sigan en la vía del diálogo, el cual debe ser de buena fe y gozar de las garantías necesarias para generar confianza mutua. Recuerdan asimismo que Bagua es tan sólo uno de los 260 conflictos sociales que existen en el Perú al día de hoy, de los cuales 50% son socioambientales [2]: el diálogo es y debe ser la única vía de salida de los mismos.