La FIDH recuerda que Perú abolió la pena capital en 1979, quedando restringida a casos de traición a la patria en tiempos de guerra y que Perú está sujeto a diversos tratados internacionales sobre derechos humanos, entre ellos al Pacto de San José (Convención Interamericana de
Derechos Humanos), que en su artículo 4(3) impide que se restablesca la pena de muerte en los Estados que lo han abolido. A la FIDH le preocupa la solución considerada por la presidenta del Congreso, Mercedes Cabanillas, según la cual Perú podría denunciar parcialmente el Pacto de
San José a fin de incorporar la pena de muerte para violadores y asesinos de niños.
La FIDH considera que la reimplantación de la pena de muerte sería un retroceso muy grave en materia de respeto de los derechos humanos, y Perú iría en contra de la tendencia actual a la abolición de la pena de muerte en el mundo.
La FIDH recuerda que, como lo declaró su presidente Sidiki Kaba, « sea cual sea la gravedad del crimen, estamos opuestos a la pena de muerte. Su fuerza de disuasión nunca a sido establecida y va en contra de la noción de dignidad humana así como del derecho a la vida ». La pena de
muerte contradice la noción de libertad del ser humano por su carácter irreversible y está considerada como una violación de los derechos humanos e un tratamiento cruel, inhumano y degradante.
La FIDH insta a las autoridades peruanas de renunciar a este proyecto de ley, de mantener la abolición de la pena capital para delitos comunes en Perú, y de fomentar una reflexión profunda sobre las penas previstas para los crímenes más graves, con el fin de sancionar el criminal al
tiempo que se trabaja por su rehabilitación.
La FIDH igualmente insta al gobierno peruano a proteger la vida y los derechos de los niños y niñas en el marco de una legislación democrática y respetuosa de los derechos humanos.