Los días 23, 24 y 25 de noviembre próximo, la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema examinará el recurso de nulidad interpuesto por la defensa de Alberto Fujimori Fujimori contra la sentencia que lo condenó, en primera instancia, a 25 años de prisión por los delitos de homicidio calificado, lesiones graves y secuestro cometidos en los casos de La Cantuta, Barrios Altos y Sótanos del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE).
En esta ocasión, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) enviará al ex magistrado español, el Dr. Antonio Doñate, para participar como observador del juicio en apelación.
La condena, en abril de este año, del ex Presidente Fujimori fue un gran hito para la justicia, no solamente a nivel nacional, donde se están llevando a cabo otros juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos bajo el régimen de Fujimori y de otros periodos de la violencia en el Perú, sino también a nivel internacional al dar una señal muy clara y eficaz a favor de la protección de los derechos humanos y en contra de la impunidad.
Actualmente, en medio de un contexto donde algunas de las más altas autoridades peruanas intentan garantizar la impunidad de los militares autores de violaciones de derechos humanos [1] y rechazan las acusaciones de crímenes de lesa humanidad cometidos por los mismos [2], es de suma importancia que la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema confirme la sentencia dictada en contra de Fujimori hace poco más de seis meses, cumpliendo así con el derecho de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación, y garantizando la no repetición de estos crímenes.
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