La Coalición Internacional de Organizaciones para los Derechos Humanos en las Américas celebra la sentencia dictada por la justicia peruana contra el ex presidente peruano Alberto Fujimori. Este último fue encontrado culpable de graves violaciones a los derechos humanos, como la masacre de la Cantuta y la de Barrios Altos. Por estos hechos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado peruano en los años 2006 y 2001 respectivamente.
En marzo de 2001, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Barrios Altos versus Perú, estableció que la amnistía dictada por el gobierno de Alberto Fujimori para eximir de responsabilidad a los perpetradores de graves violaciones a los derechos humanos bajo su gobierno, carecía de efectos jurídicos y era incompatible con los derechos protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La masacre de Barrios Altos se llevó a cabo en noviembre de 1991, cuando 15 personas fueron ejecutadas y cuatro más fueron heridas. Las desapariciones y ejecuciones de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, en el caso La Cantuta, tuvieron lugar en julio de 1992.
Esa sentencia significó un triunfo paradigmático en la lucha por verdad y justicia en la región y sirvió para impugnar las amnistías vigentes impuestas por los regimenes autoritarios que se instalaron en décadas pasadas en gran parte de la región.
En el caso de La Cantuta, la Corte Interamericana tuvo por acreditado que "los hechos del caso fueron producto de una operación ejecutada en forma coordinada y encubierta por el Grupo Colina, con el conocimiento y órdenes superiores de los servicios de inteligencia y del mismo Presidente de la República de ese entonces".
Con esta resolución de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, Perú cumple con su compromiso como signatario de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Sala Penal Especial se constituyó en un tribunal autónomo que consiguió llevar adelante un juicio justo e imparcial. Por ello es importante que la Sala Penal Transitoria que decida en apelación confirme la sentencia. Además la resolución tiene un significado histórico al someter a juicio por los tribunales del propio país a un ex Presidente y condenarlo por crímenes contra la humanidad. La sentencia es consecuencia de la abnegación de víctimas, familiares y organizaciones de derechos humanos peruanas por obtener justicia y el resultado de la complementariedad en la utilización de los mecanismos internacionales y nacionales.
Las organizaciones de la Coalición esperan que esta importante resolución judicial constituya una inspiración y un ejemplo para otros procesos judiciales relacionados con violaciones a los derechos humanos que se llevan a cabo en este momento en Perú, Chile, Argentina, Colombia, México, Guatemala y Uruguay.
Organizaciones firmantes:
Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos, A. C. – México
Centro de Documentación en Derechos Humanos "Segundo Montes Mozo S.J." (CSMM) – Ecuador
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) – Argentina
Centro de Iniciativas Democráticas (CIDEM) – Panamá
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) – organización internacional
Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Texas – Estados Unidos
Colectivo de Abogados de Colombia
Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) – Ecuador
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C.
Comité de Familiares de las Víctimas de los sucesos ocurridos entre el 27 de febrero y los primeros días de marzo de 1989 (COFAVIC) – Venezuela
Conectas Direitos Humanos – Brasil
Espacio Público – Venezuela
Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) – organización internacional
Foro de Mujeres del Mercosur – Capítulo Paraguay
Fundación para la Justicia y la Defensa de los Derechos Humanos – Guatemala
Global Rights – organización internacional
Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas, AC (COLEM) – México
Justiça Global – Brasil