La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y sus organizaciones miembro en el Perú, la Asociación Pro Derechos Humanos del Perú (APRODEH) y CEDAL-Centro de Derechos y Desarrollo, están profundamente preocupadas por la falta de diálogo en el marco del conflicto social que se está viviendo en el departamento del Cusco, en particular en la provincia de La Convención, y temen que se produzcan nuevos hechos de gravedad.
El día 27 de julio, la población de la provincia del Cusco, inició un nuevo paro para manifestar su rechazo a la exportación del gas del proyecto Camisea, exigir que se construya una planta localmente, y expresar también la preocupación de los pueblos indígenas por la posible afectación del Santuario Nacional Megatoni si se llegara a construir un gasoducto que pase por sus territorios sagrados.
La respuesta de las autoridades frente a estos reclamos se ha caracterizado por su falta de apertura, marcada por la declaración del Estado de emergencia del 1ro de agosto que se tradujo por el envío de fuertes contigentes de policía y el sobrevuelo permanente de la zona por helicópteros, y por la descalificación de los dirigentes sociales.
La FIDH, APRODEH y CEDAL lamentan esta actitud que, lejos de contribuir al diálogo, puede al contrario agudizar el conflicto. La FIDH, APRODEH y CEDAL condenan los hechos de violencia que se dieron el día 04 de Agosto, causando varios heridos, e instan las partes a dialogar. Es importante que, como lo destacó la Defensora del Pueblo, Beatriz Merino, la población pueda recibir información sobre el proyecto y las consecuencias que podría tener. Hacemos un llamado a fin de que se acepte el rol mediador en el conflicto que importantes autoridades religiosas y la Defensoría del Pueblo han ofrecido.
La FIDH, APRODEH y CEDAL recuerdan asimismo que las empresas involucradas en el proyecto Camisea, y en particular la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP), deben respetar los derechos humanos en sus operaciones, en conformidad con el marco definido por el Representante Especial del Secretario General sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas comerciales en el cual se establece la necesidad que la empresa « ejerza la debida diligencia para conocer, prevenir y atenuar los efectos desfavorables de sus actividades y relaciones en esos derechos » (Informe n° A/HRC/11/13, del 22 de abril de 2009). Las empresas involucradas en el proyecto deben también abstenerse de cualquier interferencia directa o indirecta en este conflicto, que podría hacerles cómplices de eventuales violaciones a los derechos humanos.
La FIDH, APRODEH y CEDAL aprovechan también esta ocasión para recordar a las autoridades que, en caso de que los pueblos indígenas puedan verse afectados por el proyecto, tendrían que ser consultados de conformidad con el Convenio N°169 de la OIT.