La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) quisiera expresarles su profunda preocupación frente a la orden de detención emitida en contra de 13 líderes de la oposición por supuesto delito de terrorismo.
Esta orden de « detención preliminar », dirigida en contra de Alberto Moreno Rojas del Río; Nicolás Olmedo Auris Melgar, Carlos Gerardo Benavides Caldas, Jorge Luis Jaime Cárdenas, Julio Isaías Céspedes Olórtegui, Yen Amadeo Campos Cuadrao, Luis Gastón Marquina Hernández, Luis Alberto Benites Jara, Eder Gerardo Cava, Jacinto Cunia García, Renán Raffo Muñoz, Rogger Abel Taboada Rodríguez y Felícita Cueva Capa - todos dirigentes políticos y sociales de la oposición - fue emitida a mediados de noviembre del 2008.
A la FIDH le preocupa que los documentos oficiales relacionados con esta orden de aprensión sean mantenidos secretos y que no se haya permitido ningún acceso a la información sobre la cual se basaría esta acusación. Si bien esta acción se desarrolla ahora a través de miembros del poder judicial, tanto el marco legal con el que se les investiga, como el informe de inteligencia provienen del gobierno del Presidente Alán García.
Según la información revelada en el mes de noviembre del 2008 por el diario LA PRIMERA mediante publicación de parte de un documento secreto de la Dirección Nacional contra el Terrorismo (DIRCOTE), se los acusa de ser autores del delito de terrorismo y colaboración con el terrorismo, en conexión con el caso Roque Gonzales (actualmente en libertad y que estuvo detenido hasta el 18 de diciembre último por supuestos vínculos con la FARC) y las embajadas de Venezuela y Cuba. La acusación de la DIRCOTE invoca, entre otros, una información supuestamente recibida de la policía colombiana y obtenida de la ya famosa computadora de Raúl Reyes, dirigente de las FARC muerto durante una intervención del Ejército colombiano en el territorio ecuatoriano. En este documento se menciona también a Ollanta Humala, líder del Partido Nacionalista y ex candidato a la Presidencia que compitió con Alan García en las elecciones del 2006.
La FIDH reitera, una vez más, su condena a los actos de terrorismo y a todas las violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, sin ningún tipo de excepción. Sin embargo, la FIDH quisiera asimismo recordar la obligación de los Estados de respetar los derechos humanos en el marco de la lucha contra el terrorismo.
Por lo tanto, Sres Ministros, la FIDH les hace un llamado a que se respeten los derechos fundamentales de las 13 personas mencionadas, entre otros el derecho a la libertad y el derecho a un debido proceso. Se les tiene que dar sin más tardar acceso a los documentos que los concierne y a la información que se utiliza como base para la acusación en su contra a fin de que puedan ejercer su derecho a la defensa. De lo contrario, dicha acusación podría verse más como un intento de amedrentar a la oposición a fin de desalentar las luchas sociales, que han venido multiplicándose en los últimos meses que como una verdadera búsqueda de justicia.
La FIDH llama también a la derogación de los Decretos Legislativos N° 982, 983, 988 y 989 del 22 de julio del 2007, que constituyen el marco legal sobre el cual está basada la orden de detención, y que establecen modalidades, penas y plazos de detención preliminar abusivos, además de amenazar, entre otras, a las libertades de expresión y de asociación. Por lo tanto entran en clara contradicción con las obligaciones del Perú en materia de derechos humanos.
Confiando en tener una respuesta oportuna de su parte, nos despedimos muy respetuosamente de Ustedes,
Souhayr Belhassen, Presidenta de la FIDH