En Ginebra, Suiza, tuvo lugar el 8 de febrero de 2010 la revisión de la situación de derechos humanos de Nicaragua por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en el marco del Examen Periódico Universal (EPU).
En el debate de tres horas lograron participar 47 delegaciones de países de África, América, Asia y Europa y si bien es cierto que 19 países no tuvieron tiempo para intervenir, sus recomendaciones han sido tomadas en cuenta para el Informe. El examen se inició con un discurso introductorio sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua por parte de la Ministra del Interior, Sra. Ana Isabel Morales, luego del cual las delegaciones formularon sus opiniones, preguntas y recomendaciones.
Entre las preocupaciones manifestadas por los Estados se destacaron las numerosas denuncias ante actos de violencia contra defensores de derechos humanos, periodistas, miembros de la sociedad civil y de los partidos de oposición, así como la censura contra los medios, e instaron al Gobierno a garantizar el derecho a la libre expresión, de opinión, de manifestación, de asociación y de acceso a la información pública. Algunas delegaciones le pidieron al Gobierno reconocer públicamente la labor de los defensores de derechos humanos, protegerlos de todos los actos de agresión e investigar y juzgar a los responsables de tales actos.
Se expresó la preocupación sobre la seria situación de la violencia de género, homicidios de mujeres y trata de personas, y se recomendó reforzar las medidas para prevenir los casos de violencia doméstica. Por otro lado, la prohibición del aborto terapéutico mereció la atención de numerosas delegaciones que expresaron la importancia de que Nicaragua autorice en su legislación el aborto terapéutico y el aborto en casos de violación o incesto, atendiendo las recomendaciones de los diferentes órganos de tratados de Naciones Unidas. Además, se invitó a ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.
Varias delegaciones llamaron la atención sobre la preocupante situación de las prisiones y centros de detención, como por ejemplo la de Bluefields por su hacinamiento y las condiciones que enfrentan los detenidos. Le recomendaron al Gobierno procurar que los detenidos menores de edad sean separados de los mayores. Además, pidieron que se destinen mayores recursos para la capacitación de la policía y del personal penitenciario en temas de derechos humanos. De igual manera, se recomendó permitir las inspecciones independientes a los centros penitenciarios.
Algunos países manifestaron su inquietud por la falta de independencia e imparcialidad del poder electoral, del poder judicial y de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y recomendaron garantizar el imperio de la ley y una mayor transparencia en la administración pública. Se recomendó además una reforma del Código Penal y del Código Penal Militar de modo que la definición de tortura sea conforme con la aportada por la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. De igual forma, se alentó a Nicaragua a que se adhiera al Tratado de Roma de la Corte Penal Internacional.
Respecto a los derechos económicos, sociales y culturales se recomendó firmar y ratificar el Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
La situación de particular vulnerabilidad en que se encuentran los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes mereció la atención de varios de los representantes, y se recomendó garantizar su derecho a participar en las elecciones regionales, además del acceso a la educación, a la salud y a sus tierras. Además se instó al Gobierno a considerar la ratificación de la Convención N° 169 de la OIT.
Posteriormente, el 10 de febrero de 2010, durante la reunión de adopción del Informe, el Estado de Nicaragua aceptó 68 de las recomendaciones que se le hicieron durante el examen del día 8 y se comprometió a examinar las 41 recomendaciones restantes antes de finales de junio de 2010, cuando el Informe será adoptado formalmente en el marco del Consejo de Derechos Humanos.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) acogen con satisfacción las distintas recomendaciones hechas por los Estados y esperan que el Estado Nicaragüense cumpla con lo solicitado. Sin embargo lamentan que, durante el examen del día 8, el Estado de Nicaragua haya continuado alegando el ejercicio de la plena soberanía respecto a la prohibición del aborto terapéutico. De igual forma, deploran la negativa del gobierno a aceptar que existe una falta de garantías para asegurar procesos electorales transparentes que respeten la voluntad popular y permitan una amplia participación.
El CENIDH, la OMCT y la FIDH manifiestan también su desacuerdo con las afirmaciones gubernamentales en el sentido de la existencia del pleno respeto a la labor de los defensores de derechos humanos y los miembros de la sociedad civil y esperan un cambio de actitud a este respecto.
El CENIDH, con el acompañamiento de la OMCT y la FIDH, presentó en septiembre de 2009 un Informe alternativo al elaborado por el Estado de Nicaragua y tuvo la oportunidad de compartir previamente con distintas delegaciones sus mayores temas de preocupación sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua. A este respecto, manifiesta su agrado por el hecho que sus preocupaciones hayan merecido valiosas recomendaciones que el Estado de Nicaragua debería implementar, varias de las cuales ya fueron formuladas por los órganos de tratados de Naciones Unidas.