Conforme al penúltimo párrafo del artículo 340 del Código Procesal Penal la referida sentencia debió haberse entregada dentro de los 5 días posteriores al fallo oral, lo cual, hasta la fecha, luego de transcurridos más de 3 meses, no ha sucedido; violando así, el debido proceso, el derecho a una sentencia en un plazo razonable y el derecho a impugnar dicha resolución dentro de los plazos previstos por la ley. Sin la entrega de la sentencia, la Misión considera que es imposible emitir su opinión calificada sobre el primer proceso a través de su informe final dado que todavía no se ha terminado.
Antes de su asesinato, el 2 de marzo de 2016 en su hogar, donde también resultó herido el activista ambiental mexicano Gustavo Castro, Berta Cáceres, cofundadora de el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), fue una referente de la defensa de los derechos humanos a nivel nacional, regional e internacional. Por su trabajo, recibió amenazas y fue blanco de agresiones por lo que en 2009 se le otorgaron medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; y, como resultado, el estado de Honduras tuvo la responsabilidad de proteger la vida de Berta Cáceres. Ella asumió un rol central en la reivindicación de derechos de las comunidades afectadas por el proyecto hidroeléctrico “ Agua Zarca ” desarrollado en territorios ancestrales Lencas, por la empresa Desarrollos Energéticos S. A. (DESA), por lo que denunció amenazas, intimidaciones, difamaciones y represalias antes de su muerte.
El primer juicio empezó el 16 de octubre y culminó con el fallo oral el 29 de noviembre de 2018, cuando Mariano Díaz Chávez y Douglas Bustillo, ex oficiales de las Fuerzas Armadas hondureñas, y Sergio Rodríguez Orellana, ejecutivo de la empresa Desarrollos Energéticos, S.A. (DESA) fueron condenados por el delito de asesinato al haber participado en la elaboración y coordinación del plan para asesinar a Berta Cáceres. Henry Hernández, Elvin Rápalo Orellana, Óscar Torres Velásquez, Edilson Duarte Meza fueron condenados por los delitos de asesinato y asesinato en su grado de ejecución de tentativa, como autores materiales del crimen. Emerson Duarte Meza fue absuelto y liberado inmediatamente, al no haber participado del plan y ejecución del asesinato de Berta Cáceres.
La Misión considera importante el desenlace de este primer proceso de encontrar responsabilidades por los hechos. Constituye un primer paso en el camino hacia los imperativos de justicia y verdad. El fallo oral anunciado por el Tribunal de Sentencia acredita una verdad sobre los hechos que coincide sustancialmente con las afirmaciones y planteamientos de las acusaciones privadas desde el inicio de la investigación: BertaCáceres fue asesinada por su condición de lideresa indígena y activista de derechos humanos, y las personas enjuiciadas fueron los autores materiales y ejecutores próximos de un hecho cuya autoría intelectual aún permanece impune.
La Misión recalca que el respeto a los principios y estándares de un juicio justo era esencial, no sólo para que el presente juicio representase un avance creíble y sostenible en el proceso de obtención de la verdad y la justicia por el asesinato de Berta Cáceres; sino para el fortalecimiento del sistema de justicia como herramienta de garantía de los derechos humanos de la población hondureña. Desde esa perspectiva, la Misión constató a lo largo del proceso diferentes circunstancias que muestran debilidades estructurales del sistema y continúan representando limitantes y desafíos para el acceso a la justicia de la población. Estas incluyen:
● Falta de resolución oportuna de recursos judiciales.
●Omisión de investigación de la autoría intelectual de los hechos.
●Limitación de los derechos de las víctimas.
El asesinato de Berta Cáceres afectó tanto a las víctimas directas como a la sociedad en su conjunto. Por eso la búsqueda de la verdad y la justicia son indispensables. El primer juicio se convierte en un referente importante para la comunidad nacional e internacional, por la relevancia del trabajo de Berta Cáceres como defensora de derechos humanos y de los pueblos indígenas en Honduras y por la gravedad del contexto en el que se generó su asesinato.
El procesamiento, enjuiciamiento y condena de los responsables materiales e intelectuales del crimen es una obligación y necesidad para el Estado y la sociedad hondureños con el fin de garantizar la justicia, la verdad sobre los hechos, así como la garantía de no repetición de hechos similares.