3 de julio 2023. Las elecciones en Guatemala, celebradas el pasado 25 de junio, se realizaron en un clima empañado por la falta de legitimidad. El veto de candidatos, la persecución de periodistas y el acoso a defensores de derechos humanos, que han denunciado de manera reiterada el régimen actual de corrupción, evidenciaron la falta de garantías y de transparencia en los comicios.
En este contexto, el escrutinio otorgó la victoria a Sandra Torres, ex primera dama y lideresa del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y a Bernardo Arévalo, candidato por el Movimiento Semilla, cuya victoria fue del todo inesperada. Ambos candidatos deberán ir a segunda vuelta. Sin embargo, una semana después de las votaciones, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad decidieron suspender la publicación de los resultados debido a la supuesta necesidad de hacer un recuento de los votos. Esta decisión demuestra la falta de compromiso democrático de uno de los órganos judiciales más importantes del Estado.
En una nota publicada el 21 de junio, la FIDH denunció que la Corte de Constitucionalidad había censurado indebidamente las candidaturas incómodas que habían expuesto determinados casos de corrupción. En este marco, se viene advirtiendo el peligro que atraviesa la democracia en Guatemala, cuyas instituciones, entre las que se encuentran los órganos del Poder Judicial, carecen de independencia.
Esta vez, en un claro atentado contra el debido proceso electoral, los magistrados de la CC han tomado la decisión de realizar un recuento de los votos “para garantizar la pureza del proceso electoral”. La FIDH rechaza la decisión de depurar los resultados ya que no contiene argumentos o evidencia objetiva que la justifique. En realidad, parece tener como propósito poner en tela de juicio unos resultados que no favorecen a la clase política actual.
Jimena Reyes, directora para las Américas por la FIDH, reclama que “la Corte de Constitucionalidad abandone su decisión de suspender la publicación de los resultados de la primera vuelta”.
Asimismo, la organización llama de manera urgente a la comunidad internacional a sancionar a los jueces de la CC que están incurriendo en graves violaciones a los derechos políticos de los ciudadanos y a la democracia en Guatemala. Finalmente, se exige que las autoridades de Guatemala cumplan con su responsabilidad de garantizar los derechos electorales de todos los ciudadanos y ciudadanas.