Ref. Ataques a defensores y defensoras de derechos económicos, sociales y culturales en Guatemala
Reciban un cordial saludo de parte de CIFCA y del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH).
En esta ocasión y teniendo en cuenta las noticias sobre la reanudación de los Acuerdos de Asociación de la Unión Europea y América Central, nos dirigimos a ustedes para expresar nuestra preocupación por el persistente clima de ataques a defensores y defensoras de derechos económicos, sociales y culturales, así como la ausencia de respuestas efectivas de investigación y persecución de los responsables por parte de las autoridades estatales de Guatemala. Asimismo, queremos mostrar nuestra preocupación por las serias violaciones a los derechos humanos sufridas por defensores y defensoras sindicalistas y de protesta, contra el actuar de las subsidiarias de transnacionales europeas en el campo energético, más exactamente la empresa española Unión FENOSA en el Departamento de San Marcos.
En los últimos meses, se han generado varios incidentes y conflictos violentos en comunidades en el Departamento de San Marcos en Guatemala, alrededor del servicio de distribución de energía eléctrica por parte de DEOCSA[1], subsidiaria local de la empresa Unión FENOSA. El trabajo de Unión FENOSA, fuera del Estado español, está acumulando señalamientos de vulneraciones a los derechos humanos por organizaciones de la sociedad civil nacional e internacional. Desde el día 22 de diciembre de 2009 el gobierno decretó el Estado de Prevención en 5 comunidades de este departamento, debido a las tensiones generadas por los disgustos por el servicio de DEOCSA. En este clima de tensión han ocurrido últimamente dos asesinatos preocupantes. En octubre de 2009, Víctor Gálvez, un defensor y dirigente social que estaba denunciando a DEOCSA, por sus abusos en los contratos de suministro eléctrico, fue asesinado al recibir 32 impactos de bala. El 13 de enero de 2010 fue asesinada Evelinda Ramírez, Presidenta del Comité del Frente de Resistencia en Defensa de los Recursos Naturales y Derechos de los Pueblos (FRENA), quien trabajaba contra los abusos cometidos en el Departamento de San Marcos por la DEOCSA).
La situación de San Marcos no es un hecho aislado. Como señala el informe final de la misión de verificación de varias ONGs internacionales sobre el derecho a la alimentación en Guatemala[2], en los años 2008 y 2009 se observó un recrudecimiento general de la criminalización de la protesta social. El Gobierno decretó varios estados de prevención, situaciones regidas por la Ley de Orden Público. Los sindicalistas y trabajadores son víctimas de graves violaciones a sus derechos sin que sus casos sean investigados. El último informe de la Comisión de Aplicación de Normas de junio 2009 tomó nota, con profunda preocupación, de que la situación en cuanto a la violencia y la impunidad en contra de sindicalistas parece haberse agravado y recordó la importancia de garantizar urgentemente que los trabajadores puedan llevar a cabo sus actividades sindicales en un clima exento de temor, amenazas y violencia[3]. En este contexto, varias subsidiarias de empresas multinacionales han adoptado prácticas que fomentan las tensiones y los conflictos, y han permitido o favorecido ataques contra sindicalistas y otros defensores de derechos humanos en el país. Una parte de las movilizaciones sociales está relacionada con los problemas de propiedad de la tierra y la explotación abusiva por parte de empresas multinacionales, actividades que afectan con frecuencia a los derechos de los pueblos indígenas.
En virtud de lo expuesto y teniendo en cuenta los artículos 3, 6, 13 y 19 del Tratado de la Unión Europea, la cláusula democrática vigente en las relaciones Unión Europea-América Central, las directrices de la UE sobre defensores de derechos humanos y los informes regulares de la Comisión de Aplicación de Normas de la OIT, instamos al Consejo de la Unión Europea a:
* Promover y apoyar la investigación, hasta las últimas consecuencias, para el esclarecimiento de los crímenes contra defensores de derechos humanos para que estos crímenes no queden en la impunidad. Más específicamente recomendamos apoyar que el caso de Evelinda Ramírez y de Víctor Gálvez se transfiera a la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público para que sea considerado oficialmente como un caso de ataque de defensores de derechos humanos.
* Promover una activa aplicación de las medidas de protección a defensores y defensoras de los Derechos Humanos previstas en las directrices de la UE sobre defensores de derechos humanos, especialmente en aquellos casos donde, como en el caso de DEOCSA/Unión Fenosa en San Marcos, la situación de tensión y conflicto se da en relación a negocios de empresas europeas.
* Continuar y fortalecer el monitoreo de la situación de los defensores de derechos humanos y particularmente de los defensores de derechos económicos, sociales, y culturales, y apoyar las medidas administrativas, legislativas y judiciales adoptadas por el Estado de Guatemala para proteger a los defensores de amenazas, represión y discriminación de facto o de jure. Al grupo filtro de la Unión Europea, se le solicita examinar y responder a casos de amenazas y ataques a defensores de derechos humanos relacionados con transnacionales europeas.
* Manifestar públicamente la responsabilidad de empresas transnacionales europeas de respetar los derechos humanos en terceros países, incluyendo a los y las defensores/as de los derechos, y manifestar repudio por los casos de ataques sufridos contra ellos.
* Promover el diálogo social entre el Gobierno de Guatemala y los interlocutores sociales sobre el clima antisindical y la impunidad, así como las medidas a adoptar para poner fin a esta situación.
Saludamos el compromiso anunciado por la Presidencia Española en el subcomité de derechos humanos del Parlamento Europeo el día 25 de enero de 2010, en relación a la protección de defensores y defensoras de derechos humanos. Recordamos que el relator especial del Secretario General de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y Transnacionales, John Ruggie, ha señalado la responsabilidad del Gobierno del país de origen de las empresas internacionales de promover y respetar los derechos humanos más allá de sus fronteras. Por lo tanto, esperamos que la Presidencia Española tome una posición de liderazgo en la implementación de las recomendaciones arriba mencionadas.
En espera a su respuesta, me despido atentamente.
Lizzette Robleto Gonzalez
Presidenta de CIFCA
Souhayr Belhassen,
Presidenta de la FIDH
Eric Sottas
Secretario General de la OMCT
[1]