Fueron desalojadas 150 familias asentadas en la Finca Cabañas y de manera particularmente violenta 125 familias de la Finca Moca, quienes recibieron golpes por parte de los agentes del Estado que portaban bastones, armas de fuego y bombas lacrimógenas. De esta forma, decenas de personas resultaron heridas gravemente y a todas las familias desalojadas les quemaron sus viviendas y pertenencias y en otros casos sus pertenencias fueron robadas.
La FIDH expresa su preocupación porque está previsto continuar con el desalojo de otras 525 familias campesinas de esta misma zona y porque el objetivo de los desalojos es usar la tierra para la agro industria de la caña en lugar de los cultivos tradicionales pues estos cultivos son el sustento de estas familias. La FIDH encuentra igualmente preocupante el hecho que sea el Gobierno de Guatemala quien haya generado las condiciones de extrema tensión y propicias a la violencia, concentrando un contingente armado de magnitud desproporcionada.
La FIDH urge al Gobierno de Guatemala que se retiren inmediatamente las fuerzas armadas, que se detenga el desalojo violento, que cese la represión en contra del movimiento indígena y campesino y que se den respuestas concretas a las demandas indígenas y campesinas en lo que atiende a las tierras.
La FIDH señala al Gobierno que esos eventos contravienen entre otros al artículo 7 del pacto internacional sobre los derechos civiles y políticos y al artículo 5 de la convención interamericana que prohíben los tratamientos inhumanos y degradantes. También contravienen al artículo 11 del pacto sobre los derechos económicos, sociales y culturales que exige que toda persona tenga un nivel de vida suficiente para ella y su familia. Por esas razones, la FIDH llama al Gobierno de Guatemala para que respete sus obligaciones internacionales.