La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) ha recibido con preocupación la información de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES) sobre los actos de represión contra comunidades y organizaciones sociales en Suchitoto en donde fueron detenidas 14 personas, entre ellas, la Sra. Marta Lorena Araujo Martínez, presidenta de la Asociación de la Comunidades Rurales para El Desarrollo de El Salvador (CRIPDES), la Sra. Rosa María Centero Valle, vice presidenta de CRIPDES, la Sra. Sandra Isabel Guatemala, promotora social en Suchitoto por CRIPDES, la Sra. María Haydée Chicas, periodista de CRIPDES, el Sr. Manuel Antonio Rodríguez Escalante, motorista de CRIPDES, el Sr. Facundo Dolores García, poblador de la comunidad Cantón El Zapote, el Sr. Héctor Antonio Ventura Vásquez, poblador de la comunidad Cantón Platanares, el Sr. Clemente Guevara Batres, poblador de la comunidad de Soyapango, el Sr. Santos Noé Mancía Ramírez, poblador de Suchitoto, el Sr. José Ever Fuentes Herrera, poblador de San Salvador, el Sr. Vicente Vásquez Basilio, poblador de San Salvador, el Sr. Gertrudis Patricio Valladares Aquino, poblador la comunidad de San Vicente, y las dos concejales Marta Yanira Méndez y Beatriz Eugenia Nuila González.
El día 2 de julio las organizaciones sociales y comunitarias organizaron una jornada de protesta pacífica en la carretera principal que conduce a Suchitoto, para protestar contra el lanzamiento de la Política Nacional de Descentralización del Presidente Elías Antonio Saca, que se prevé que tendrá como consecuencia, entre otras, la privatización del agua. Se estima que hubo más de 300 personas para demostrar el descontento popular.
La Sra. Araujo junto con la Sra. Centero, el Sr. Rodríguez, la Sra. Chicas y la Sra. Guatemala fueron arrestados en el momento en que se dirigían hacia la manifestación. Las otras personas fueron arrestadas durante la protesta sin que se les dijera en el momento de su detención por cuales cargos los detienen. Una vez encarceladas, estas personas fueron acusadas de ""actos de terrorismo" y "asociaciones ilícitas". Actualmente se encuentran detenidas en Bartolinas del Centro Judicial (Departamento de San Salvador) y en la Cárcel de Mujeres y Centro Penal La Esperanza..
Esta protesta fue violentamente reprimida por parte de los miembros de la Unidad del Mantenimiento del Orden (UMO) y los agentes de la Policía Nacional Civil, dejando varios niños y adultos mayores intoxicados por los gases lacrimógenos, 25 heridos con balas de goma y 18 heridos gravemente por gas pimienta.
La FIDH expresa su preocupación ante estas acciones represivas en contra de los movimientos sociales pacíficos, en el cual se reprime el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y al de asociación pacífica. La FIDH considera estas detenciones como arbitrarias.
Estos hechos constituyen un agravio a las actividades de la CDHES y de la CRIPDES ya que lo sucedido a la Sra. Martinez se suma a la serie de ataques, intimidaciones, difamaciones y persecución en contra de abogadas y abogados, así como a las defensoras y defensores de Derechos Humanos en el Estado de El Salvador, lo que hace evidente el proceso de deterioro de la vigencia de los derechos Humanos.
La FIDH se suma a la denuncia hecha por diferentes organizaciones sociales e internacionales reivindicando el derecho de la población a manifestar públicamente en uso legitimo de la libertad de expresión, de reunión, de tránsito y la de asociación, consagradas por la Constitución de El Salvador y los tratados internacionales de Derechos Humanos.
La FIDH urge al gobierno salvadoreño a:
i) tomar de manera inmediata las medidas más apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de la Sra. Guatemala, la Sra. Araujo Martínez, la Sra. Centeno Valle, el Sr. Rodríguez Escalante, la Sra. Chicas, el Sr. García, el Sr. Fuentes Herrera, el Sr. Ventura Vásquez, la Sra. Yanira Méndez, la Sra. Nuila González, el Sr. Guevara Batres, el Sr. Valladares Aquino y el Sr. Mancía Ramírez.
ii) liberar inmediatamente las once personas perteneciente a las organizaciones sociales y comunidades ya que se considera que estas personas fueron arbitrariamente detenidas.
iii) asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea general de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente a la protección del Derecho de toda persona "individual o colectivo, de promover la protección y el respeto de los derechos humanos, de las libertades fundamentales, tanto en el plano nacional como internacional y a esforzarse por ellos" (Art. 1) y a "garantizar la protección de toda persona, individual y colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la Declaración" (Art. 12.2).
iv) a hacer lo necesario para que se derogue la "ley especial contra actos de terrorismo" que fuera aprobada el 21 de septiembre de 2006, mediante el decreto 108 de la Asamblea Legislativa y sancionada el 17 de octubre, que es contraria al respeto de las libertades fundamentales y la presunción de inocencia y, como se ha visto frente a estos hechos, utilizada arbitrariamente contra la movilización popular y la protesta social.
v) de manera general, conformar sus acciones a lo dispuesto por la Declaración Universal de los derechos Humanos, Pactos y Convenciones Internacionales y regionales ratificados por El Salvador.