Los familiares de los sietes funcionarios del CTI, residentes en la ciudad de Valledupar declaran que durante las últimas semanas han visto varios hombres con actitud sospechosa, vigilando sus lugares de residencia y de trabajo. Denuncian también seguimientos en motocicletas, taxis y carros con vidrios polarizados, con hombres en tono amenazante. Además, varios de estos familiares han recibido en los últimos días llamadas anónimas; visitas extrañas de personas que les preguntan por sus familiares desaparecidos o se presentan como víctimas pidiendo información para acudir a las audiencias de versión libre que actualmente se están recibiendo la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalia General de la Nación a los Jefes Paramilitares en aplicación de la ley de Justicia y Paz.
A estos hechos se les suma la amenaza directa que recibieron los familiares de estas víctimas el día 5 de julio cuando asistían a la marcha por el acuerdo humanitario en la ciudad de Valledupar; donde fueron abordados por dos hombres en una moto y uno de ellos les dijo « vienen de la marcha, les aviso que no vayan a las audiencias de Justicia y Paz si no quieren terminar desaparecidas como sus familiares ».
Los familiares denuncian igualmente la presencia reiterada y sospechosa de tres funcionarios de la Fiscalía, Sres. Orlando García, Marlón Enrique Campo y José Guillermo Bula, en lugares públicos frecuentados por los familiares.
La FIDH encuentra preocupante que las amenazas y hostigamientos coincida con la diligencia de versión libre del ex jefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias "Jorge 40", quien confesó durante la audiencia de la Unidad de Justicia y Paz de Barranquilla del día 6 de julio de 2007 que la desaparición de los siete investigadores del CTI de la Fiscalía fue una acción perpetrada por los hombres del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que él comandaba en ese entonces. Sin embargo, alias "Jorge 40" afirmó que el crimen de los siete miembros del CTI se ejecutó por orden del jefe máximo de las autodefensas en ese entonces, el Sr. Carlos Castaño Gil, quien está muerto actualmente. La Fiscalía sindica a "Jorge 40" de 768 desapariciones realizadas por el Bloque Norte de las AUC durante su comando, se le atribuyen 533 muertos en el departamento del Atlántico y se señala su participación en 200 masacres ocurridas en los departamentos del Magdalena, la Guajira, el Cesar y el Atlántico.
Teniendo en cuenta el delicado contexto actual de Colombia, y el peligro que corren testigos y familiares de víctimas durante el desarrollo de las actuales audiencias de versión libre de los Jefes paramilitares, la FIDH urge al Gobierno de Colombia para que tenga especial cuidado en garantizar el respeto de la vida y la integridad física y psicológica de todos y cada uno de los familiares de los siete miembros del CTI desaparecidos el 9 de marzo de 2000. El Gobierno colombiano está en la obligación de brindar las garantías necesarias para que estos familiares, así como las demás víctimas y testigos que asisten a las versiones libres de los jefes paramilitares, se les respeten sus derechos a la verdad a la justicia y a la reparación integral.
La FIDH hace un llamado al Gobierno para que tome las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de los testigos, particularmente en un caso como el presente en el que se investigan graves crímenes de lesa humanidad. Al mismo tiempo, la FIDH recuerda que es deber de los Estados garantizar el derecho a la verdad y urge a las autoridades colombianas a arbitrar todos los medios en ejercicio de su autoridad para que hagan lo necesario para encontrar investigar y juzgar los responsables de los graves delitos cometidos.
[1] El Cuerpo Técnico de Investigación es un cuerpo de investigadores armados de la Fiscalía General de la Nación, quienes realizan exhumaciones y determinan las fosas comunes.
[2] Los 7 agentes del CTI, los Sres. Israel Alberto Roca Martinez, Jaime Elias Barros Ovalle, Mario Abel Anillo Trocha, Edilberto Linares Correa, Carlos Augusto Ibarra Bernal, Hugo Alberto Quintero Solano y Danilo Javier Carrera Aguancha, fueron detenidos en la zona rural de la Paz (Departamento del Cesar) por el Bloque Norte de las AUC cuando se dirigían a la población de Manguillo (departamento del Cesar ) para realizar la exhumación del cadáver del Sr. Tiburcio Rivera Palencia.