Los efectos del plan Colombia ya pueden ser percibidos. Estos últimos meses, la violencia no ha hecho más que agravarse progresivamente. La coyuntura en el Magdalena Medio se asemeja a una situación de guerra civil : los grupos paramilitares se esfuerzan en conquistar importantes territorios mediante ataques a la sociedad civil, provocando el desplazamiento forzoso de centenas de personas. Todo esto, con el apoyo tácito de las autoridades. Las confrontaciones militares entre la guerrilla y las fuerzas armadas se intensifican. Los supuestos " errores " del ejército son cada vez más flagrantes: el asesinato, el pasado 15 de agosto, de seis niños " sospechosos " de ser guerrilleros, en Pueblo Rico es intolerable.
De hecho, los defensores de derechos humanos y el conjunto de personas que luchan en favor de la justicia social y la paz se encuentran en la primera línea del conflicto. Desde el pasado mes de julio, dos defensores de derechos humanos han sido asesinados, tres se encuentran desaparecidos y varios han sido amenazados de muerte. Estos hechos acontecen a pesar de los compromisos por parte de las autoridades colombianas de asegurar la protección de los defensores de los derechos humanos.
El pasado 7 de septiembre, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo decidió devolver al Ministerio del Interior el material de protección (puertas blindadas, radios avantel y chalecos antibalas) que el Comité de Evaluación de Riesgos, creado en el seno del ministerio en 1995, les había ofrecido. Se trata pués de una decisión simbólica que muestra el fracaso de las autoridades gubernamentales en su deber de proteger a los defensores de derechos humanos.
Los miembros del Colectivo estiman en efecto que estas medidas de protección son insuficientes si se considera la gravedad de la situación. Además, el colectivo considera que éstas no constituyen en ningún caso una solución al estado de inseguridad en el que se encuentran sino más bien un pretexto de las autoridades, que evitan de este modo enfrentarse a las causas profundas del problema.
El observatorio constata en efecto que a pesar del conjunto de recomendaciones emitidas por distintos órganos internacionales y regionales de protección de los derechos humanos, las autoridades colombianas no ofrecen ninguna solución política y estructural de fondo, capaz de garantizar la acción de los defensores de los derechos humanos y de combatir la impunidad de la que se benefician los autores de exacciones cometidas contra los mismos.
De esta manera, las autoridades no han tomado ninguna medida a fin de terminar con las actividades sangrientas de los grupos paramilitares, primeros responsables de los crímenes cometidos contra los defensores de los derechos humanos. Los procesos penales que han sido interpuestos por los defensores contra los grupos paramilitares se ven interrumpidos por una gran diversidad de obstáculos, incluyendo algunos que proceden del ministerio público.
Aunque las autoridades colombianas hallan anunciado que una de sus prioridades sería velar para que los responsables de violaciones contra los derechos humanos fuesen llevados ante la justicia, lo cierto es que las investigaciones seguidas de procesos judiciales efectivos y de la condena de los culpables son escasas, sobretodo cuando las víctimas son defensores de derechos humanos.
A pesar de que las autoridades se habían comprometido en 1998 a revisar los archivos de los servicios secretos con el fin de suprimir las informaciones erroneas que asimilan los defensores de derechos humanos a guerrilleros, todavía no se ha realizado ninguna acción en este sentido. Ningún defensor no ha tenido ni siquiera acceso a estas informaciones que han incitado a varios oficiales militares a desacreditar el trabajo de los defensores, e incluso a eliminarlos físicamente.
De hecho, sólo se ha mantenido un compomiso, aunque parcialmente, que se refiere a la atribución a ciertos defensores algunas medidas de protección material (como chalecos antibalas, radios de comunicaciones, vehículos y puertas blindados), otorgadas por el Comité de Evaluación de riesgos. Como ya se ha dicho, estas medidas no constituyen de ningún modo una protección suficiente y eficaz de los defensores y en ningún caso una solución a largo plazo.
Frente a esta situación intolerable, el observatorio recuerda que estos hechos constituyen una grave violación de la Declaración sobre los defensores de los derechos humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1998 y sobre todo de su artículo 12.2, segúun el cual " el Estado tomará todas las medidas necesarias para permitir que las autoridades competentes protejan a toda persona, ya sea individualmente ya sea en grupo, contra toda violencia, amenaza, acción de represalia, discriminación de facto o de jure, presión o cualquier otra acción arbitraria en el marco del ejercicio legítimo de los derechos de los que se ocupa la presente declaración ".
El observatorio llama así al gobierno colombiano a respetar sus compromisos y obligaciones internacionales, a poner en práctica las medidas necesarias a fin de garantizar la vida y la integridad física de los defensores de los derechos humanos, a desmantelar los grupos paramilitares y a perseguir por la via penal y sancionar de manera definitiva a todos los responsables de violaciones de derechos humanos.