Desde hace dos meses, policías y militares han presentado su descontento frente a la Ley Orgánica de Servicio Público que recorta prebendas a todos los funcionarios públicos, incluidas las fuerzas del orden. Y el día de ayer, desde las 7h30 de la mañana, el Regimiento Quito 1 (RQ-1) de la Policía Nacional se sublevó, seguidos por varios regimientos policiales a nivel nacional y un pequeño grupo de militares, tras la aprobación parcial de dicha ley.
El intento de diálogo entre el Presidente y el RQ-1, por la mañana, resultó infructuoso y terminó con un altercado entre el Presidente y los policías quienes le echaron gases lacrimógenos. El Presidente por su estado de salud tuvo que ser internado en el Hospital de la Policía, aledaño al lugar de los hechos que fue cercado hasta las 21h30, cuando fue rescatado en un operativo militar con apoyo de grupos de élite de la Policía. Como resultado del operativo y de los enfrentamientos posteriores hay 2 muertos y al menos 40 heridos tras un intenso tiroteo. El gobierno ecuatoriano ha declarado ayer el estado de excepción por cinco días.
La FIDH y CEDHU recuerdan que el deber de las fuerzas del orden es proteger a la población y de garantizar el Estado de Derecho. No deben, bajo ningún motivo, usar su fuerza para menoscabar la democracia o para transgredir los derechos humanos.
A la vez que reiteramos nuestra firme condena a estos hechos, exhoratmos a las autoridades ecuatorianas a velar por que el estado de excepción no se convierta en el marco de violaciones a los derechos humanos. La FIDH y CEDHU llaman las partes a hacer uso del diálogo e instamos, de forma general, a las autoridades ecuatorianas a responder por medio del diálogo frente a todas las controversias y protestas internas que puedan surgir.
Finalmente, la FIDH y CEDHU saludan la condena unánime de la comunidad internacional, de las Naciones Unidas y de las distintas organizaciones regionales, entre las cuales la OEA y la CIDH, frente a este intento de alterar la institucionalidad democrática en Ecuador. Es de particular importancia que la comunidad internacional mantenga una posición muy firme frente a cualquier intento de alterar el orden democrático, para que lo sucedido en Honduras no se vuelva a repetir.