El 19 de febrero del 2009, la FIDH y CEDHU, una de sus organizaciones miembro en Ecuador, hicieron llegar comunicaciones a los relatores de la ONU para denunciar la criminalización de los movimientos de protesta que surgieron tras la aprobación de la Ley Minera. Se denunció asimismo el carácter amplio de la calificación actual de los delitos de sabotaje y terrorismo que facilita esta criminalización.
Se enviaron cartas al relator especial de la ONU sobre derechos humanos y lucha contra el terrorismo, al grupo de trabajo de la ONU sobre detenciones arbitrarias, y a los relatores especiales de la ONU y de la CIDH sobre libertad de expresión así como al Secretario Ejecutivo de la CIDH, Santiago Cantón.