RESOLUCION SOBRE LOS RIESGOS PARA LA DEMOCRACIA COLOMBIANA POR LOS CAMBIOS CONTITUCIONALES Y LA BUSQUEDA DE LA REELECCION PRESIDENCIAL EN COLOMBIA
La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) reunida en el XXXVII Congreso Mundial, en Erevan Armenia celebrando entre el 6 y 10 de abril de 2010, frente a la situaciones que afectan la democracia y el estado social en Colombia y
CONSIDERANDO
Que en Colombia desde el inicio del Primer Gobierno de Álvaro Uribe Vélez en agosto de 2002 se han venido propiciando cambios constitucionales que promueven un presidencialismo a ultranza y el debilitamiento del Estado de Derecho, al efectuarse de forma irregular una reforma constitucional que posibilitó la primera reelección presidencial e inmediata por una vez en el 2006, y que ahora con una nueva reforma constitucional se busca hacerlo por segunda vez en el 2010.
Que el modelo constitucional de equilibro de los poderes públicos se basaba en un solo mandato Presidencial, y en consecuencia, la figura de la reelección ha originado un gran debilitamiento del Estado de Derecho, el poder judicial ha sido afectado especialmente en la independencia de la Corte Constitucional y del Consejo Superior de la Judicatura, lo mismo con organismos de control como la Fiscalía General, la Procuraduría General, la Defensoría del Pueblo, el Consejo Electoral, el Banco de la República, poniendo todo el Estado en función de los intereses del Presidente, lo mismo sucede con las políticas sociales que se han convertido en botines burocráticos como sucede con el Super Ministerio de Acción Social para favorecer a los aliados u amigos del gobierno
Que este Gobierno igualmente acompañó estos procesos de desinstucionalización de procesos fuertes de impunidad a través de leyes como la Ley 975 de 2005 que facilitó indultos y amnistías de facto a más de 34.000 paramilitares que siempre actuaron de la mano de las autoridades para cometer los peores crímenes de lesa humanidad, asesinatos, desplazamientos forzados, desapariciones, todo esto para favorecer intereses económicos y políticos de sectores privilegiados incluso mafiosos, lo que permitió que estos grupos paramilitares transformaran en votos su poder criminal, votos que afectaron el juego democrático desestructurando los partidos tradicionales liberal y conservador, y limitando la posibilidad de consolidación de partidos de oposición, para erigirse en un Estado con una recomposición mafiosa y paramilitar de la política.
Que desde el 2005 el alcance del paramilitarismo en Colombia como proyecto nacional dentro de la legislatura comenzó a evidenciarse a partir de la afirmación realizada por el entonces jefe paramilitar Salvatore Mancuso Gómez, quien dijo que el 35 % de los miembros del Congreso Nacional eran ‘amigos’ [1], afirmación que después fue ratificada por el jefe paramilitar José Vicente Castaño Gil [2], y luego, ante los medios de comunicación en 2008, Mancuso reiteró que más del 50 % del Congreso colombiano tenía nexos con el paramilitarismo [3], . Asimismo, que dichas alianzas entre funcionarios públicos y el paramilitarismo no se han limitado a miembros del congreso, sino también a otros servidores públicos locales [4]–funcionarios municipales y departamentales, alcaldes, concejales y diputados, que pertenecen a los mismos movimientos políticos de los congresistas investigados– hasta altos funcionarios del Gobierno actual [5] y la misma elección del presidente Álvaro Uribe Vélez en 2002, como fue confirmado por los jefes paramilitares Diego Murillo Bejarano, alias “Don Berna”, y Salvatore Mancuso Gómez, alias “Santander Lozada”, entre otros [6].
Que durante los últimos tres años al menos 133 congresistas y ex congresistas han sido implicados con el paramilitarismo, lo que pone de presente el alcance del paramilitarismo en los partidos uribistas [7]. De estos congresistas, 71 han sido llamados a indagatoria [8], 50 actualmente están detenidos [9], 42 renunciaron a su fuero como congresista [10], 18 están en etapa de juicio [11], 13 aceptaron su responsabilidad por los cargos imputados y se sometieron a sentencia anticipada [12] y siete fueron condenados [13]. Y que casi la totalidad de los miembros del Partido Colombia Democrática en el Congreso, fundado por el Presidente Álvaro Uribe Vélez, según su página oficial [14], tiene investigaciones abiertas por sus presuntos nexos con el paramilitarismo [15]. Asimismo los presidentes y directivos de los principales partidos uribistas se encuentran investigados por sus presuntos nexos con la estructura paramilitar, como son Álvaro Araújo Castro de Alas Equipo Colombia, Mario Uribe Escobar de Colombia Democrática-, Luís Humberto Gómez Gallo del Partido Conservador, Luís Alberto Gil Castillo de Convergencia Ciudadana, Carlos Armando García Orjuela del Partido de la U y Dieb Nicolás Maloof Cuse de Colombia Viva [16].
Que en la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, celebrada en marzo de 2009, la Fundación Nuevo Arco Iris presentó una información confirmando que entre el 25% y el 35% de los puestos de elección popular habían sido tomados por la estructura paramilitar. “De los siete partidos que hacen parte de la coalición uribista, existen cinco en donde la totalidad de sus candidatos son procesados por parapolítica. Actualmente, estos partidos siguen teniendo capacidad de influencia dentro de la escena política”, aseguró León Valencia, director de Nuevo Arco Iris [17]. Los cuales van a jugar en las elecciones del 2010 con grave perjuicio para la democracia en Colombia.
Que además por lo menos 11 de los reemplazos de los congresistas investigados por sus nexos con paramilitarismo a su vez enfrentan procesos judiciales en su contra por sus presuntos nexos con estas mismas estructuras, lo cual evidencia que nunca desarticularon estos lazos entre el Congreso y el paramilitarismo y en cambio se han mantenido vigentes hasta el día de hoy [18].
Que la Corte Suprema de justicia ha avanzado en las investigaciones judiciales para esclarecer, y juzgar los nexos de estos altos funcionarios públicos con las estructuras paramilitares, que ha llevado a ser objeto de señalamientos y descalificaciones públicas por parte del ejecutivo, amenazas y seguimientos ilegales de la Agencia de inteligencia DAS , lo que ha puesto en riesgo la independencia del poder judicial.
Que no se han tomado las medidas necesarias para evitar que en las próximas elecciones legislativas familiares o aliados políticos de estos congresistas aspiren a curules y mantengan estas alianzas con organizaciones criminales. Según informó la Revista Cambio, el 13 de agosto de 2009, existen múltiples casos en este sentido, incluyendo Arlet Casado de López (esposa del ex senador Juan Manuel López Cabrales), Araceli Olivares de Morris (esposa del ex representante Erick Morris Taboada), Teresa García (hermana del ex senador Álvaro García Romero), Hernando De La Espriella Burgos (hermano del ex senador Miguel Alfonso De La Espriella Burgos), Francisco Jattin Corrales (hermano de la ex representante Zulema Jattin Corrales) y Raimundo Méndez Bechara (heredero político del ex senador Reginaldo Montes), entre otros [19].
Que todos estos hechos ponen gravemente en riesgo la democracia ya precaria en Colombia, que garantiza la perpetuación en la política y en altos cargos del Estado de personas con vínculos con grupos paramilitares, que estos hechos comprometen a futuro el juego democrático en el país, e imposibilitan tener un Estado de Derecho con pleno respeto a los derechos humanos.
RESUELVE
Declarar que la reelección en Colombia se ha convertido en un atentado a la Democracia y al Estado de Derecho. Solicitar a la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía que sigan avanzando en sus investigaciones por los vínculos de los políticos con grupos paramilitares a los máximos niveles y respaldarla frente a los ataques de que ha sido objeto por parte del ejecutivo y otras altas autoridades
Exigir al Gobierno Nacional que cese en sus ataques a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y a otros funcionarios judiciales sin afectar la autonomía de la justicia y que se investiguen estos ataques.
Solicitar que la Corte Penal Internacional abra una investigacion en el caso de los MAXIMOS RESPONSABLES de los crímenes cometidos en Colombia por los grupos paramilitares entre los cuales están los parlamentarios y otros políticos actualmente en el Gobierno.
Solicitar la derogatoria de la Ley 975 de 2005 que ha propiciado la impunidad y legalizado el paramilitarismo en Colombia.
Ereván, abril de 2010