RESOLUCION SOBRE LA SITUACION DE LAS MUJERES Y COMUNIDADES EN MEDIO DE LA CRECIENTE MILITARIZACION E INTERVENCION DE ESTADOS UNIDOS EN COLOMBIA
La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) reunida en el XXXVII Congreso Mundial, en Erevan Armenia celebrado entre el 6 – 10 de de abril del 2010, expresan su extrema preocupación acerca de las situación de las mujeres y comunidades por la intensa militarización del territorio , de la vida civil y de los cuerpos de las mujeres que se intensifica con la presencia de bases militares de los Estados Unidos en Colombia que va implicar un escalonamiento de la guerra en Colombia y el aumento de la tensiones en la región
CONSIDERANDO
Que desde el año 2002 fecha en que inició el primer Gobierno del Presidente Alvaro Uribe Vélez se ha aplicado la llamada política de seguridad democrática que niega la existencia del conflicto social y armado en Colombia, calificándolo como una lucha contra el terrorismo que ha originado el desconocimiento del principio de distinción entre civiles y combatientes, el involucramiento de la población civil a través de los programas como la red de informantes, soldados de mi pueblo y soldados por un día , y en consecuencia la vulneración de los principios consagrados en el Derecho Internacional humanitario ratificados por el Estado Colombiano-
Que nuestra preocupación aumenta al constatar que el Gobierno colombiano toma decisiones que ponen en juego la soberanía debido a las injerencias directas provenientes de los mal llamados “convenios de cooperación internacional de seguridad” a través de los cuales se permite la presencia y el establecimiento de tropas estadounidenses en siete territorios de Colombia mediante la entrega de igual numero de bases aéreas, de la armada y del Ejército en Palanquero (centro), Apiay (este) y Malambo (caribe Norte); los fuertes del Ejército Tres Esquinas (Sur), Tolemaida (centro) y las bases navales de Cartagena (caribe Norte) y Bahia Málaga (pacifico oeste) donde se situarán 800 militares y 400 contratistas gozando de plena inmunidad y constituyendo con ello una entrega de la soberanía e institucionalizando la impunidad frente a la violación de las leyes, la constitución y los derechos humanos como ya ha ocurrido con soldados norteamericanos implicados en crímenes y trafico de estupefacientes.
Que la creciente militarización de los territorios, de la vida civil y de los cuerpos de las mujeres en el contexto del conflicto armado interno que vive Colombia, ha significado el incremento de violaciones a los derechos humanos, la agudización del conflicto armado y de mediante las ejecuciones extrajudiciales (de mas de 1600 casos denunciados, mas de 800 corresponden a los últimos 6 años), la judicialización de defensores de derechos humanos, la persecución a través de los organismos de inteligencia dirigida a las dirigentes y organizaciones sociales.
Que la militarización incrementa y profundiza las violencias contra la mujer pues la lógica de la guerra en Colombia ha mostrado como se concibe y trata la vida y el cuerpo de las mujeres como territorio de control y poder mediante la ocupación de los cuerpos de las mujeres por las diferentes fuerzas políticas, militares y económicas en confrontación: el cuerpo como territorio de violencia.
Que ha sido ampliamente reconocido y ratificado por el auto 092 emitido por la Corte Constitucional , el impacto desproporcionado del conflicto armado sobre las mujeres colombianas y que la situación de las mujeres víctimas demuestra la gravedad de la violencia de género en el país; auto en el que la alta Corte hace un completo análisis de las diferentes violencias de género y considera que éstas se exacerban en medio del conflicto armado.
Que muchas mujeres colombianas, desde lo profundo de sus vientres y con la fuerza de la razón, de la organización y la movilización, así como el amor por sus hijos e hijas y por su país, ven con preocupación la entrega del territorio y soberanía, pues estas se constituyen en campos de batalla para resolver conflictos internos y en la concreción de las estrategias políticas, económicas y militares contra un continente que avanza en la construcción de su propio destino.
Que la ubicación de las siete bases militares con presencia norteamericana en Colombia hace parte de una decisión política geoestratégica que permite controlar la orbita geoestacionaria: es una orbita que gira directamente sobre el Ecuador terrestre. Diez países en el mundo tienen órbitas geoestacionarias: Brasil, Colombia, Ecuador, Congo, Gabón, Indonesia, Kenia, Somalia, Uganda, Zaire, y esto explica el interés del Pentágono de consolidar su presencia en Colombia.
Que las bases militares norteamericanas en Colombia son una estrategia militar y de seguridad para el control de América del Sur cuyos propósitos se resumen en: 1) exploraciones y valoraciones estratégicas. 2) control de la población y de la propiedad del suelo. 3) adecuación de los territorios construcción de infraestructuras 4) Control militar del desarrollo 5) Control fiscal y financiero 6) Acuerdos comerciales y ajustes normativos. 7) Redoblamiento humanitario para la producción.
Que la preocupación por la presencia militar norteamericana en las bases colombianas y en las condiciones de inmunidad planteadas, tiene efectos muy negativos para el disfrute de los derechos humanos y de la paz en Colombia, afectando la estabilidad regional.
Que el incremento de la capacidad de las instituciones colombianas para conducir operaciones de inteligencia y espionaje, el apoyo logístico y mejoramiento de la “seguridad” en el contexto actual de gigantescas operaciones ilegales de inteligencia, constituyen una amenaza para las ya disminuidas democracia, garantías y libertades individuales.
Que la presencia y uso de las bases militares norteamericanas aumentara los riesgos de violencia sexual hacia las mujeres, jóvenes y niñas como se ha demostrado en casos de violación sexual de niñas menores, en las que se han visto envueltos militares estadounidenses adscritos al Plan Colombia; y en otro caso de elaboración de videos pornográficos donde aparece mujeres jóvenes de la zona con militares y técnicos estadounidenses.
RESUELVE.
Exigir al Estado colombiano poner fin a las ejecuciones extrajudiciales y a la impunidad de estos casos, enjuiciar y castigar a los responsables.
Exigirle al gobierno colombiano dar a conocer en su totalidad y esencia el convenio de cooperación militar firmado entre Colombia y estados unidos.
Establecer una veeduría sociedad civil y comunidad internacional para el seguimiento de los impactos de las bases en las mujeres, territorios y en la región.
Exigir al gobierno nacional el cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de protección de las mujeres y niñas frente a todo tipo de violencias y poner fin a la impunidad de los crímenes relacionados con la violencia de género.
Exigir a los gobiernos de Colombia y Norteamérica amplias garantías públicas sobre el uso de estas bases y que estas no sean utilizadas para agredir ningún país americano.
Exigir la transparencia del proceso y porque los términos de la inmunidad jurídica para militares y contratistas estadounidenses no se definan haciendo uso de cláusulas confidenciales exentas al control democrático. Sobre este principio, podemos abanderar una limitación de la inmunidad que asegure que las graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario no queden excluidas de la jurisdicción colombiana. Esta apuesta debe poner acento en la no inmunidad para crímenes sexuales, dada la recurrencia y gravedad de esta conducta en casos de tropas extranjeras. También debemos considerar la exclusión de otros delitos que, aunque no constituyan violaciones a los derechos humanos, su inmunidad puede significar una negación al derecho de acceso a la justicia para las personas implicadas.
Ereván, abril de 2010