Señor Presidente,
Señores Ministros,
Señor Fiscal,
Señores Generales,
La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) expresa su gran indignación frente a los ataques llevados a cabo por el Ejército en contra de los miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartado en estos últimos días, y que resultaron ya en el asesinato de dos personas.
El 23 de diciembre de 2007, la Sra Maria Margarita Giraldo Usuga fue detenida por el Ejército cerca de su casa, mientras desempeñaba labores agrícolas. Según la denuncia pública de la Comunidad, miembros del Ejército la torturaron y la asesinaron. Luego, robaron las pertenencias de la Sra Giraldo Usuga y destruyeron su casa. Dos de sus hijas lograron escaparse en medio de los tiros del Ejército. Al día siguiente, el Ejército presentó a la Sra Giraldo Usuga como guerrillera dada de baja en el combate. Esto interviene tras la amenaza del Ejército proferida el 20 de diciembre de « acabar con la Comunidad » y se añade a los asesinatos y amenazas llevados a cabo por los paramilitares, hechos que son de pleno conocimiento del gobierno colombiano y de las fuerzas de seguridad. Es así que, el 22 de diciembre, paramilitares amenazaron de muerte la viuda de Juan Javier Manco, asesinado por el Ejército el 14 de diciembre de 2007, en caso de que no guardara el silencio.
Estos hechos no son casos aislados, sino que se inscriben en una práctica generalizada de amenazas y atentados contra el derecho a la vida de los miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartado y, más en general, en contra de aquellos que tienen vínculos o relaciones con esta comunidad.
La FIDH condena todo acto de violencia, cualesquiera sean sus autores. La FIDH urge el gobierno a que condene firmemente los crímenes perpetrados por el Ejército y recuerda que la protección de la integridad física y psicológica de los ciudadanos es de responsabilidad del gobierno.
Dichos crímenes no pueden quedar impunes. La FIDH pide a la justicia colombiana que se lleven a cabo investigaciones prontas, independientes e imparciales y que se impongan las sanciones disciplinarias y penales a los responsables de estos hechos.
La FIDH recuerda también que los crímenes de lesa humanidad y otras graves violaciones del derecho humanitario son de competencia de la Corte Penal Internacional y, si estos hechos más los demás atentados perpetrados contra la Comunidad de Paz de San José de Apartado, no son investigados ni juzgados en Colombia, la CPI tendría la competencia de hacerlo de manera supletoria según se establece en el art. 17 del Estatuto de Roma sobre las condiciones de admisibilidad. De igual forma, por su carácter de crímenes internacionales (tortura, crímenes de guerra y de lesa humanidad), podrían recaer bajo el principio de jurisdicción universal y así ser juzgados por tribunales nacionales de otros países.
Atentamente,
Souhayr Belhassen, Presidenta de la FIDH