El 26 de agosto de 2009, 12 indígenas Awá (entre ellos 5 menores de edad) de la comunidad El Rosario, Tumaco, al sur del departamento de Nariño, fueron asesinados por hombres encapuchados, tal y como relataron diez indígenas que lograron huir, sin que se conozcan aún las circunstancias y los responsables.
Este es el tercer asesinato masivo en menos de un año contra este pueblo indígena, que habita en una de las regiones del país (Nariño) donde el conflicto armado, los enfrentamientos relativos al narcotráfico y los abusos de los actores armados son más frecuentes y graves, sin que el Estado dé especial protección a estos civiles.
Con respecto a la autoría, el gobernador de Nariño, Antonio Navarro, ha señalado que en la zona operan diversos grupos armados y que en este caso, no parece que los autores de estos crímenes hayan sido las FARC. Los indígenas también creen que los "encapuchados y vestidos de negro" que cometieron esta masacre eran militares o reductos de paramilitares y que se trataría de una represalia por la denuncia contra el Ejército formulada por la esposa de Gonzalo Rodríguez (también perteneciente a la comunidad Awá e integrante del resguardo El Rosario), a quien acusaba de su reciente muerte. De hecho, Tulia García (la viuda del Sr. Rodríguez) y sus hijos son algunas de las 12 víctimas de esta masacre que ya ha provocado el desplazamiento de unas 15 familias indígenas Awá, quienes abandonaron sus hogares por temor a nuevos ataques.
El 7 de agosto de 2007, la comunidad Awá ya expuso su delicada situación a través de un informe presentado a la Defensoría del Pueblo, donde denunciaba las violaciones de derechos humanos y de derecho internacional humanitario que cometían en su contra los diferentes actores armados.
Recientemente, el Relator Especial de Naciones Unidas para los pueblos indígenas, James Anaya, ha mostrado también su inquietud por la situación de los pueblos indígenas en Colombia y ha reiterado las conclusiones de su antecesor, Rodolfo Stavenhagen, durante su visita al país en 2004, confirmando que la situación de estas comunidades es "grave, crítica y profundamente preocupante".
La FIDH acoge positivamente la constitución de una comisión humanitaria encabezada por la Fiscalía y acompañada por 300 indígenas de otras comunidades del suroeste colombiano, por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y por la Defensoría del Pueblo. Esta comisión viajará a la zona donde se cometió la masacre para recoger pruebas y escuchar testigos.
La FIDH llama al Gobierno colombiano a tomar todas las medidas necesarias para proteger a estas comunidades y a investigar, esclarecer y sancionar a los responsables de las masacres cometidas contras estas comunidades.
La FIDH llama al Fiscal de la CPI a documentar los crímenes perpretados en contra de los indígenas en Colombia por todos los actores armados en el período de su competencia.