La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) expresa su más profunda condena al secuestro y posterior asesinato del gobernador del Departamento del Caquetá, al sur del país, presuntamente por parte de las FARC.
El gobernador, Luis Francisco Cuéllar, fue secuestrado el pasado lunes por unos 20 presuntos guerrilleros de las FARC, quienes entraron en su casa en Florencia, la capital de la región y quienes en su huída lanzaron una granada , por lo que uno de los escoltas del gobernador resultó muerto. Los secuestradores huyeron en coche con el gobernador hacia una zona montañosa donde ayer martes, se encontró el mismo vehículo calcinado.
El cadáver del político presentaba heridas de bala y llevaba un cinturón de explosivos, según han informado las autoridades colombianas.. Varias fuentes indicarían que el gobernador habría sido degollado. El asesinato se habría producido durante el operativo de liberación del gobernador tras la orden de la Presidencia de desplegar una operación de rescate militar.
El gobernador ya había sido secuestrado en otras cuatro ocasiones y había sido amenazado en los últimos tiempos, por lo que había solicitado más protección. Resulta inconcebible que el gobernador no tuviese la protección necesaria frente al riesgo de su gestión en una zona de tradicional confrontación armada con la guerrilla.
Cuéllar es el político de mayor rango secuestrado desde 2002, cuando fueron capturados el gobernador de Antioquía, Guillermo Gaviria, y un ex-ministro de Defensa, Gilberto Echeverri.
La FIDH condena estos gravísimos hechos que constituyen, tal y como la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos ya ha afirmado, una violación del derecho internacional humanitario, un crimen de guerra que de no ser investigados y juzgados sus autores debidamente por la justicia colombiana, se facultaría la competencia de la Corte Penal Internacional.
La FIDH urge al gobierno colombiano a proteger debidamente a todas las personas que se encuentran en riesgo como consecuencia de sus actividades políticas o sociales. Reitera la necesidad de una salida política negociada al conflicto armado interno y, llama una vez más a todos los actores armados a liberar de inmediato y sin condiciones todos las personas secuestradas que tengan en su poder.
La FIDH finalmente llama al gobierno colombiano a dar las garantías necesarias para que no se frustre la pronta liberación del sargento Pablo Emilio Moncayo y del soldado José Daniel Calvo anunciadas por las FARC, que el CCICR y los mediadores puedan cumplir cabalmente con su gestión.