En efecto, el Sr. Noguera, quien estuvo detenido y puesto posteriormente en libertad, está vinculado a varias investigaciones penales por graves delitos, a saber: fraude electoral, corrupción administrativa, permitir la infiltración en el DAS a nacotraficantes y paramilitares, participar en el desarrollo de un complot contra el gobierno venezolano y dar apoyo a grupos paramilitares incluyendo, de manera particularmente grave, la entrega de por lo menos una lista con los nombres de sindicalistas y líderes de izquierda con el fin de que fueran ejecutados, como efectivamente sucedió con un buen número de ellos.
La FIDH considera que, teniendo en cuenta los graves delitos que se le imputan, las pruebas y los testimonios aportados; no es admisible que el Sr.Noguera continúe en libertad. La FIDH recuerda que el Sr. Noguera fue puesto en libertad debido a un error de competencias dado el fuero constitucional que lo cobijaba como ex-director del DAS (el cual fue subsanado al transferir la competencia al Fiscal General de la Nación) y no por falta de pruebas.
La FIDH recuerda igualmente que, en el seno de la Conferencia de la OIT en la asamblea en junio de 2006, se estableció crear una oficina en Colombia y uno de los temas urgentes es avanzar en materia de investigación y sanción a los responsables de ataques a sindicalistas. La FIDH considera que el caso contra el Sr. Noguera, dada la actual crisis que atraviesa Colombia, se constituye en un proceso neurálgico para el país, y de esta forma debería ser priorizado como un caso ejemplarizante en el marco de la lucha contra la impunidad de la represión contra los sindicalistas.
La FIDH encuentra particularmente preocupante que el Presidente Uribe haya propuesto la creación de una ley o un decreto dentro del cual se contempla excarcelar a todos los que él llama involucrados en el paramilitarismo dentro de los cuales se encuentra el Sr. Noguera, junto con otros parlamentarios, gobernadores, alcaldes, en su mayoría pertenecientes a partidos aliados al propio Presidente Uribe. Igualmente la FIDH encuentra inquietante que el Presidente Uribe continúe defendiendo públicamente al Sr. Noguera.
La FIDH urge a la Fiscalía General de la Nación a actuar con decisión y celeridad para evitar la impunidad y para garantizar la verdad a las víctimas y a toda la sociedad colombiana e internacional, e insta al Presidente Uribe a no interferir en las investigaciones y decisiones tomadas por la justicia colombiana, sino por el contrario a manterse al margen del ejercicio judicial y a alentar la continuación del ejemplar proceso de depuración de corrupción y paramilitarismo comenzado por la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación.