Se tiene mucha esperanza en que esta depuración ayude a poner un término a la comisión de estos crímenes de lesa humanidad conocidos como "falsos positivos" y a las demás ejecuciones extrajudiciales. Sin embargo, se lamenta que la depuración no haya intervenido antes, cuando las ONG venimos denunciando estas prácticas desde hace varios años y que hasta ahora la única reacción del gobierno había sido calificar a las ONG de aliados del terrorismo, acusándolas de querer descalificar al Ejército. Una reacción anterior hubiera permitido evitar miles de ejecuciones.
La FIDH recuerda al respecto que entre julio de 2002 y diciembre de 2007, 1122 casos de ejecuciones extrajudiciales cometidas directamente por la Fuerza Pública fueron repertoriados y, en el primer semestre de 2008, se registraron 22 casos de "falsos positivos" que se han conocido este año dejaron 33 muertos y un herido (fuente: CODHES).
Por lo tanto, se alienta al gobierno a que siga en este camino y que realice investigaciones disciplinarias a la Procuraduría General de la Nación por no haber reaccionado antes. En cuanto a la Fiscalía General de la Nación debe investigar a fondo, de una manera diligente e imparcial los miles de casos de ejecuciones extrajudiciales que han sido denunciados. Los responsables tendrán que ser debidamente sancionados, asegurando al mismo tiempo el derecho de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación.