Santiago, 17 de octubre de 2023. El jueves 12 de octubre concluyó el VIII Foro Regional de América Latina y el Caribe sobre Empresas y Derechos Humanos, organizado por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ACNUDH), en Santiago de Chile.
El encuentro congregó a centenares de representantes de estados, de empresas y un número significativo de representantes de organizaciones sociales y ambientales, comunidades locales, de pueblos indígenas y afrodescendientes, muchos de ellos afectados en sus derechos por empresas.
Previo al encuentro, el 10 de octubre, se realizó un Foro Preparatorio, convocado por la Plataforma Latinoamericana de Sociedad Civil de Derechos Humanos y Empresas, a la que asistió un centenar de representantes de movimientos sociales, ambientales y de derechos humanos de toda la región. Ese mismo día se realizó un Caucus Indígena que agrupó a más de cincuenta representantes indígenas de toda la región, que abordaron la crítica realidad de afectación de derechos de sus pueblos por empresas, en particular las de carácter extractivas que operan en sus territorios.
Durante el Foro se analizaron múltiples temáticas, constatando la persistencia de los abusos e impactos adversos de las empresas, en particular las empresas mineras, forestales, de energía, entre otras, en los derechos humanos y ambientales; la falta de mecanismos de denuncia y de reparación frente a entidades del sector financiero; las consecuencias negativas de la agroindustria; la necesidad de mejorar la rendición de cuenta de las empresas; y el rol de Naciones Unidas con respecto a la debida diligencia.
Dentro de las más críticas realidades constatadas en este Foro se encuentra la grave situación de las y los defensores de derechos humanos en la región y su criminalización. De acuerdo a un reciente informe del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH), que fueron expuestos en esta instancia, entre 2015 y 2022 se registraron 1.976 ataques contra defensores de la tierra y el medio ambiente en el contexto de actividades empresariales en América Latina y el Caribe, las que representan el 42% del total de ataques registrados en el mundo.
En una Declaración Final del Foro elaborada por organizaciones de la sociedad civil, en la que participaron varias organizaciones miembros de la FIDH de la región - incluyendo al Observatorio Ciudadano, Justicia Global, Perú Equidad - se concluyó la urgente necesidad de “adoptar marcos normativos que tomen en cuenta el rol de la cadena de valor de las empresas en la región. Aunque existen leyes que regulan a las empresas en diferentes ámbitos, como la seguridad ocupacional, constatamos su falta de implementación e irradiación hacia otras materias como la ambiental y otros derechos fundamentales”.
Además, la declaración constata “la importancia de articular esta materia con otros instrumentos como tratados de comercio e inversión y de derechos humanos, como el Acuerdo de Escazú. La debida diligencia debe implementarse como una obligación más y no debe ser empleada para reemplazar otro tipo de responsabilidades, tales como la penal, la administrativa o la civil, tanto para las propias empresas como para sus propietarios y ejecutivos”.
Durante el Foro, la FIDH y sus organizaciones miembro en la región tuvieron ocasión de reunirse con delegaciones gubernamentales asistentes al Foro y manifestar su disposición a compartir su experiencia relativa a los marcos normativos sobre debida diligencia y responsabilidad empresarial frente a abusos de derechos humanos hoy existentes en otros contextos de la región y en Europa, disposición que fue valorada por dichas delegaciones.
Jimena Reyes, Directora para las Américas de la FIDH, manifiesta que este encuentro fue “un llamado de atención de las comunidades afectadas, incluyendo comunidades indígenas y afros, que reclaman que se tomen en cuenta sus decisiones cuando ellos dicen que no quieren que las empresas contaminen sus territorios, cuando le dicen al mundo que ellos no quieren vivir en territorios sacrificados por un supuesta ‘transición justa’ porque son ellos los protectores de la naturaleza y de un modo de vida que no contribuye al cambio climático, y a su vez, los más afectados por el mismo”.
José Aylwin, Abogado del Observatorio Ciudadano, destacó el valor del Foro Previo, señalando que este “permitió visibilizar la voz de la sociedad civil frente a los estados y otros actores presentes en el Foro regional, denunciando la impunidad hasta ahora existente en el actuar corporativo frente a los graves abusos a derechos humanos que estos cometen, y haciendo ver la necesidad de avanzar desde los principios voluntarios establecidos por el sistema de Naciones Unidas para las empresas hace más de una década atrás, hacia normas obligatorias que permitan cambiar el comportamiento empresarial asegurando su responsabilidad frente a dichos abusos, el acceso a la justicia y la reparación de los daños que provoquen en la población y el medio ambiente”.