La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) se encuentra extremadamente preocupada acerca de la situación de los ex prisioneros políticos perseguidos y juzgados bajo las leyes de la dictadura en Chile que ahora siguen reducidos a vivir de manera clandestina en Chile, o en exilio o condenados al extrañamiento.
La FIDH desea llamar su atención particularmente sobre el caso de Marco Antonio Paulsen Figueroa.
Marco Paulsen Figueroa, prisionero político en la época de la dictadura, fue detenido el 27 de octubre de 1989 y procesado por el presunto delito de formación de grupo de combate por la Fiscalía de Carabineros. Su causa fue traspasada a la justicia ordinaria, quién lo absolvió. Posteriormente, fue condenado por el 14° Juzgado del Crimen de Santiago a la pena de 16 años de presidio y a la pena de 100 días de detención por el delito de daños. Después de 4 años de detención, su condena fue conmutada por la de extrañamiento por el saldo de la condena.
En su proceso, al igual de los que afectaron a cientos de chilenos que lucharon por dar término a la dictadura, se violaron los derechos humanos y los derechos procesales más básicos. Eso ha sido reconocido en el Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura. El caso de Marco Paulsen Figueroa, así como el de sus hermanas, consta en la página 701, bajo el número 18 408 del informe oficial del Gobierno Chileno del año 2005.
En el mes de octubre, después de cumplir los doce años restantes de su pena en Bélgica (país del cual ha adquirido la nacionalidad), quiso regresar a Chile así que se informó en la embajada chilena de Bruselas para tener claridad sobre su situación jurídica en Chile. La embajada le informó que su expediente estaba perdido pero la cónsul le dijo que creía que no tendría problemas.
Al llegar a Chile el 10 de diciembre de 2005, fue detenido en el aeropuerto por la policía aduciendo que le faltaba un saldo de 84 días de pena. Ahora se encuentra bajo medida cautelar de arraigo y debe presentarse a firmar cada semana ante la Fiscalía de Pudahuel. Está previsto que en su juicio se decida si se le expulsa a Bélgica o si lo condenan a una pena de detención. La audiencia está fijada al día 22 de febrero de 2006.
Señor Presidente, a la FIDH le preocupa seriamente que más de 15 años después de la dictadura se continúe persiguiendo a los prisioneros políticos de aquella oscura época de la historia chilena o de la transición, que se siga aplicando las penas impuestas en esta época e incluso que se siga juzgando según las leyes de la dictadura, las cuales violan la Convención Americana sobre los Derechos Humanos (CADH) en particular el artículo 22 §5 que estipula que "Nadie puede ser expulsado del territorio del Estado del cual es nacional, ni ser privado del derecho a ingresar en el mismo". Por otra parte, debido a la situación actual en Chile y de la del señor Paulsen Figueroa, la privación de libertad de la que fue objeto, es contraria a las normas más fundamentales de los derechos humanos que prohíben la detención arbitraria (artículo 9 del Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos, artículo 9 de la Declaración Universal sobre los Derechos Humanos y artículo 7 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos).
La FIDH acude a Usted, a finales de su mandato, para que contribuya antes de su partida a superar estos vestigios de la dictadura, ordenando que cesen los extrañamientos, que se anulen los juicios que se desarrollaron sin un debido proceso por tribunales no independientes, que se libere a todos los presos políticos que todavía purgan una pena de prisión, se indemnice a los afectados y a permitir la libertad de circulación de Marco Paulsen Figueroa.
Confiando en su apego por los derechos humanos, muy atentamente,
Sidiki Kaba
Presidente de la FIDH