– Su Excelencia, el Sr Presidente Evo Morales,
– Sra. Celima Torrico Rojas, Ministra de la Justicia
– Sr. Edmundo Novilo, Presidente de la Cámara de Diputados
– Sr. José Villavicencio Amurúz, Presidente del Senado
– Sr. Rubén Costas, Prefecto de Santa Cruz,
– Sr. Manfred Reyes Villa, Prefecto de Cochabamba,
– Sr. Ernesto Suárez, Prefecto de Beni,
– Sr. Mario Cossío, Prefecto de Tarija,
– Sr. José Luis Paredes, Prefecto de La Paz,
– Sr. Leopoldo Frenandez, Prefecto del Pando,
– Sr. Jaime Barrón, presidente del Comité Interinstitucional de Sucre,
– Sr. Branco Marinkovic, dirigente del Comité Cívico pro Santa Cruz,
– Sr. Oscar Vargas, presidente del Consejo Municipal de Santa Cruz,
– Sr. Alberto Melgar, presidente del Comité Cívico de Beni,
con copia a:
– la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
– la Organización de los Estados Americanos
– la Organización de las Naciones Unidas
– la Unión Europea
La FIDH desea expresarles su seria preocupación acerca de la situación actual que está atravesando Bolivia.
En los últimos meses, en el contexto de la adopción de una nueva Constitución, que será sometida a referendo por el Presidente Evo Morales, hemos constatado un recrudecimiento de la violencia y de los actos discriminatorios en contra de organizaciones y defensores de derechos humanos, medios de comunicación que defienden la institucionalidad, así como en contra de la población indígena y migrante en su conjunto, acompañado de actos vandálicos contra dependencias estatales.
El Relator Especial de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, Rodolfo Stavenhagen, quien estuvo de visita en Bolivia (del 25 de noviembre al 7 de diciembre 2007) tras la invitación del gobierno expresó su preocupación al respecto, denunciando "hechos inaceptables de racismo y discriminación", hostigamientos y amenazas en contra de las organizaciones sociales.
En Santa Cruz, la situación es tal que medios de comunicación locales están recomendando a las personas indígenas y migrantes evitar de transitar por la plaza central para no sufrir agresiones. El 10 de diciembre, el minero jubilado, René Vargas (57 años) fue violentamente golpeado por miembros de la Unión Juvenil Cruceñista, banda violenta promovida por los poderes locales, que lo acusaban de ser "espía masista".
Esto se inscribe en el marco de las numerosas agresiones en contra de los miembros o supuestos simpatizantes del partido del gobierno boliviano que fueron señaladas a lo largo de las últimas semanas.
En Sucre, desde el lunes 10 de diciembre se publicaron y colaron afiches con la fotografía y nombre de los 12 de 23 constituyentes que estuvieron en la última sesión de la Asamblea, acusándolos de traidores a los intereses del departamento.
En Santa Cruz, en la mañana del 11 de diciembre, se repartieron y se pegaron hojas con nombres de 52 personas acusadas de estar vinculadas con el partido del gobierno boliviano, asociando con sus nombres frases como "Traidores y enemigos sentenciados", "Santa Cruz libre de basura masista". Además, grafitis fueron escritos en las paredes, acusando al director de un periódico de estar alineado al MAS. Por su lado, el asambleísta Carlos Romero es víctima de un sistemático amedrentamiento por parte de personas que lo identifican como un traidor de Santa Cruz, según se desprende de mensajes que pintaron en las paredes de su casa.
Finalmente, preocupa profundamente a la FIDH la convocatoria a las Fuerzas Armadas para violentar la democracia y el orden constitucional, que realizaron varios dirigentes cívicos y los prefectos de Cochabamba, Manfred Reyes Villa y de Pando, Leopoldo Fernández así como los llamados a la violencia hechos por estas mismas personas.
La FIDH condena los hechos anteriormente señalados que ya han provocado varios muertos y heridos. Estos ataques fundados sobre la intolerancia y el racismo son insoportables. La FIDH rechaza también los llamamientos que se hicieron a la desobediencia militar que ponen en grave peligro la estabilidad, la democracia y la paz en el país. Los prefectos y comités cívicos que subvierten el orden público e institucional, porque están en contra del proyecto de nueva Constitución, deberían en su lugar promover el rechazo al mismo en el referendo y, abstenerse de seguir promoviendo la violencia y la desintegración del país.
La FIDH se une al defensor del Pueblo, Waldo Albarracín, para lanzar un llamado a que se busque una solución pacífica a través del diálogo. Se insta a todas las autoridades a que respeten los principios de no discriminación y de respeto del estado de derecho y de la democracia. La FIDH recuerda que las partes deben apegarse a los procesos legalmente establecidos, y que quedan prohibidos los abusos de derecho (artículo 32 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y artículo 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos). Más generalmente, la FIDH llama todas las autoridades a que respeten los derechos humanos en su conjunto, protegidos tanto a nivel nacional como a nivel regional e internacional.
Confiando en su apego por los derechos humanos, nos suscribimos de ustedes muy atentamente,
Souhayr Belhassen, Presidenta de la FIDH