La FIDH y sus organizaciones miembro consideran extremadamente preocupante la actitud de los Tribunales argentinos, que cada vez con mas frecuencia, deciden mantener en prisión preventiva a ciudadanos argentinos por el único hecho de haber participado en manifestaciones donde expresaban demandas legítimas. Los detenidos, que deberán permanecer en prisión hasta que se substancie el juicio, se encuentran acusados de variados delitos que atentarían contra la libertad u orden público.
En efecto, los detenidos se encuentran acusados de delitos como « coacción agravada » o de « atentar contra la seguridad del Estado », lo que podría comportar, si se produce concurso de delitos, una pena de hasta 16 años de prisión.
La FIDH y sus organizaciones miembro consideran que la utilización de estos tipos penales tiene como efecto limitar el libre ejercicio de los derechos de libertad de expresión y de reunión de los manifestantes. En efecto, la FIDH y sus organizaciones miembro resaltan en particular su preocupación por la disposición de la prisión preventiva, así como de las penas de privación de libertad que implicarían los cargos que se han imputado.
La FIDH y sus asociaciones miembro denuncian estas recientes decisiones judiciales que implican un considerable recrudecimiento de la criminalización de la protesta social en Argentina. A este efecto, la FIDH recuerda que los derechos a la libertad de reunión y de manifestación se encuentran consagrados en los artículos 19 y 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los artículos 19 y 21 del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos.
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