Próximamente la Corte Suprema de Justicia de la nación debe pronunciarse sobre si, la participación, el 21 de marzo de 1997, de la maestra Marina Schiffrin a una manifestación donde maestros, padres y alumnos reclamaban mejoras salariales para los maestros y donde cortaron la ruta 237, a la entrada de Bariloche, es o no un delito. Debe señalarse que el fallo de la Corte Suprema tendrá lugar en un contexto de escalada de la violencia contra la protesta social como lo demuestra el asesinato del piquetero Martin Cisneros el viernes 25 de junio de 2004.
En 2001, la Cámara Nacional de Casación Penal había confirmado la condena de la Sra Schiffrin a tres meses de prisión y a abstenerse de concurrir a concentraciones de personas (más de diez) en vías públicas, durante dos años.
La FIDH acoge con preocupación el dictamen del procurador del caso Schiffrin quien considera que el corte de rutas es un delito pero que en el caso especifico de Marina Schiffrin, ella no habría cometido ningún delito porque la Sra Schiffrin no tenia conciencia de la naturaleza ilícita de su participación a este corte de ruta.
La decisión de la Corte Suprema tendrá una importancia particular si se considera que hay más de 10.000 procesados ante jueces federales, por hechos similares durante los gobiernos de Menem y de De la Rua. La FIDH espera que la Corte Suprema tomará una decisión conforme a las normas y los principios internacionales de libertad de expresión y de reunión.
La FIDH recuerda que recientemente, la Cámara de Casación Penal condenó a nueve trabajadores ferroviarios por haber participado en una huelga y que hasta la fecha el gobierno argentino se ha negado a aprobar una ley de desprocesamiento penal de los participantes en la protesta social. Todos estos hechos profundizan la criminalización de la protesta y alejan las perspectivas de cohesion social en Argentina.
La FIDH desea resaltar la legitimidad de la protesta de quienes reclaman pacificamente a las autoridades públicas el respeto de los derechos mas esenciales como el derecho a la alimentación o a la retribución digna de un trabajo.
La FIDH solicita al gobierno a presentar en el más breve plazo la adopción de la ley de desprocesamiento penal de los participantes en la protesta social.