En la AEP22, la FIDH, junto con sus miembros, defendió una visión de la justicia internacional que sea coherente, imparcial y empoderadora para las víctimas de atrocidades masivas. Asimismo, durante varios debates y eventos, instó a los Estados Partes y a la Corte a defender la lucha contra la impunidad para todas las víctimas, independientemente de su ubicación geográfica dentro de la jurisdicción de la Corte. En diversas reuniones y actos, la FIDH también expresó su profunda preocupación por la escasa colaboración de la Corte con las víctimas y la sociedad civil y por la urgente necesidad de proporcionar más información y de favorecer un diálogo en ambos sentidos significativo. Los Estados y los funcionarios de la Corte prestaron atención e indicaron su voluntad de comprometerse más frecuentemente con la sociedad civil y las víctimas en el próximo año.
"Cuando se trata de luchar contra la impunidad y prevenir los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad, el genocidio y la agresión, no podemos permitirnos el lujo de elegir", declaró el representante de la delegación de la FIDH, Mazen Darwish, Secretario General de la FIDH y Director General del Syrian Center for Media and Freedom of Expression (SCM), el último día de la 22ª ASP. "No hay "ellos" y "nosotros": o sobrevivimos juntos, o caemos juntos", subrayó.
Las recomendaciones de la FIDH a los Estados Partes de la CPI se reflejaron en las declaraciones y resoluciones adoptadas en la ASP22. Junto con varias ONG y Estados Partes, la FIDH organizó un evento de alto nivel sobre los derechos de las víctimas en la CPI, en el que se evaluaron de forma crítica las formas en que no se están respetando tales derechos y las estrategias para superar los obstáculos existentes. En nombre de 48 Estados Partes de la CPI, Costa Rica pronunció una declaración conjunta en la que se insistió en que los Estados "deben apoyar la labor de la Corte en todas y cada una de las situaciones que se le presentan" y que "todas las víctimas merecen igual acceso a la justicia".
La FIDH también coorganizó un evento sobre el papel de la sociedad civil en la documentación de crímenes internacionales con miembros y socios de Siria, Sudán, Palestina, Libia, Bielorrusia, Ucrania, así como con la Fiscalía de la CPI. Todos ellos debatieron con sinceridad sobre cómo abordar los numerosos retos a los que se enfrentan las ONG que documentan crímenes internacionales, incluida la forma de cerrar la brecha entre las situaciones y la CPI.
La FIDH se unió a Al Haq, Al Mezan Center for Human Rights, el Palestinian Center for Human Rights (PCHR), Defense for Children-Palestine (DCI-P), en una declaración conjunta ante la Asamblea durante el Debate General. Destacaron cómo las organizaciones palestinas de derechos humanos han documentado y expuesto sistemáticamente los presuntos crímenes perpetrados por las fuerzas israelíes contra los palestinos que viven en la Cisjordania ocupada, incluida Jerusalén Oriental, y en la Franja de Gaza, e instaron "a la Fiscalía a dictar de inmediato órdenes de detención y a acelerar su investigación de los crímenes", recordando a los Estados Partes que "nunca más es ahora".
La FIDH también se unió a una declaración de la Coalición por la CPI durante la sesión plenaria sobre cooperación en la que se instaba a los Estados Partes a condenar las amenazas contra los defensores de los derechos humanos por su labor de promoción de la justicia en el sistema del Estatuto de Roma y a reforzar los marcos de protección de los defensores de los derechos humanos a nivel nacional. La FIDH fue asimismo copatrocinadora de un evento sobre las formas prácticas en que los Estados y la CPI pueden proteger y defender a los defensores de los derechos humanos y a la sociedad civil para garantizar un espacio seguro en el que llevar a cabo su labor de lucha contra la impunidad en apoyo de la Corte.
Los Estados Partes adoptaron por primera vez en la historia -en cualquier organización internacional- un proceso permanente de verificación de antecedentes para todas las elecciones de la CPI, con el fin de garantizar que los dirigentes elegidos de la Corte tengan una "alta consideración moral" y un historial libre de faltas de conducta. Este nuevo procedimiento se debe en gran parte a la colaboración constante entre la Presidencia de la AEP, la sociedad civil y el personal de la Corte, que la FIDH aplaude. Lamentablemente, los acuerdos políticos recíprocos o el "intercambio de votos" han continuado este año en las elecciones judiciales. La FIDH insta a los Estados Partes a que pongan fin a esta práctica y den prioridad a unas elecciones de la CPI justas, transparentes y basadas en los méritos, a fin de elegir a los mejores y más cualificados candidatos para los altos cargos de la Corte.
La AEP también adoptó la tan esperada reforma de la Política de Asistencia Jurídica, que proporciona importantes mejoras para los abogados de la defensa y los representantes legales de las víctimas. La nueva política incluye algunas de las recomendaciones de la FIDH destinadas a garantizar que dicha política sea justa y eficaz para las víctimas y sus abogados, que desempeñan un papel esencial a la hora de garantizar que los jueces de la CPI escuchen las opiniones y preocupaciones de las víctimas. Esta nueva política es el primer paso para asegurar que las víctimas estén efectivamente representadas, en particular durante las etapas iniciales de los procedimientos ante la CPI, en las que persiste una notable y preocupante falta de asistencia letrada, que a menudo obliga a los abogados a trabajar gratuitamente para sus clientes durante varios años.