El informe, titulado Indefendible: La criminalización sistemática de los defensores de los derechos humanos en Irán (en inglés) documenta el modo en que los defensores de los derechos humanos, entre otros, los abogados de derechos humanos, han sido frecuentemente arrestados sin cargos, mantenidos en detención preventiva prolongada sin acceso a la representación legal de su elección, condenados a largas penas de prisión con vagas acusaciones tras juicios injustos y encarcelados en malas condiciones. Este patrón de criminalización tiene por objeto frenar sus actividades de derechos humanos y socavar su derecho a la libertad de expresión.
El informe se basa en el análisis de 28 casos individuales realizado por el Observatorio en 2018 y la primera mitad de 2019, entre los que se encuentras los de conocidos activistas y abogados como Nasrin Sotoudeh, Reza Khandan y Mohammad Najafi. De estos casos, 15 son defensores de los derechos de las mujeres y 13 son abogados de derechos humanos. Trece de ellos están actualmente encarcelados y 15 corren el riesgo de ser detenidos de nuevo inminentemente.
"La República Islámica de Irán es un régimen hostil para los defensores de los derechos humanos. Cualquier forma de disidencia por su parte es sistemáticamente criminalizada y sometida a duras represalias por parte de las autoridades. El gobierno de Irán debe dejar de perseguir a los defensores y empezar a tomar medidas urgentes para protegerlos".
Muchos defensores y defensoras de los derechos humanos, tanto hombres como mujeres, han sido blanco de ataques por su defensa de los derechos de las mujeres y su apoyo a las protestas contra las leyes sobre el hiyab obligatorio. Mientras tanto, los abogados son regularmente blanco de ataques por ocuparse de casos de derechos humanos y por representar a otros abogados de derechos humanos sometidos a juicio. Los abogados defensores de los derechos humanos han sido objeto de una atención especial debido a sus críticas al poder judicial, incluido el trato que este da a sus clientes y a sus compañeros letrados.
"Irán tiene una larga historia de criminalización de los defensores de los derechos humanos al perseguirlos judicialmente en virtud de los llamados cargos de seguridad nacional. Lejos de ser un protector de los derechos, como exigen los tratados ratificados por Irán, el poder judicial sigue estando subordinado al Líder Supremo y, como se muestra en nuestro informe, actúa como un ejecutor voluntario de la represión de los defensores de los derechos humanos. Se necesita una reforma urgente para asegurar el respeto del Estado de derecho y la integridad e independencia de los jueces, abogados y fiscales"
En muchos casos, a los defensores de los derechos humanos que son detenidos bajo los llamados cargos de seguridad nacional se les niega el acceso a un abogado de su elección, en particular durante el proceso de investigación. Se les imponen duras penas de prisión —hasta 15 años de prisión por un solo cargo— tras juicios injustos celebrados en los famosos Tribunales de la Revolución Islámica de Irán.
La mayoría de los defensores de los derechos humanos cuyos casos se detallan en el informe están detenidos en la famosa prisión Evin de Teherán, conocida por su grave hacinamiento y sus condiciones antihigiénicas. Se les mantiene durante largos períodos de tiempo en régimen de aislamiento, se les priva de la atención médica esencial y con frecuencia se les niegan las visitas de sus familiares o abogados.
En el informe se formula una serie de recomendaciones a las autoridades iraníes y a las partes interesadas de las Naciones Unidas y la Unión Europea. Insta al Gobierno de Irán a que libere inmediata e incondicionalmente a todos los defensores de los derechos humanos detenidos y a que reconozca el papel legítimo y esencial que desempeñan en la sociedad.
Ver el informe aquí debajo (en inglés)