El 28 de septiembre de 2016, la oficina nº 36 del Tribunal de Apelación de Teherán ratificó la sentencia que se había dictado el 18 de mayo contra Nargess Mohammadi. El Tribunal de Apelación afirmó en su decisión que, según lo dispuesto en el artículo 134 del Código Penal Islámico, se le aplicaría la máxima sentencia, es decir, diez años de cárcel.
El mismo día, el marido de Mohammadi, Taghi Rahmani, informó que durante una audiencia celebrada el 19 de septiembre, el tribunal había aceptado la solicitud de sus abogados para aportar nuevas pruebas, pero dictó rápidamente una nueva sentencia antes de recibirlas.
El 18 de mayo de 2016 se notificó a Nargess Mohammadi la nueva condena contra ella publicada por la oficina nº 15 del Tribunal de la Revolución Islámica [1], que le imponía una condena a 16 años de prisión, de los cuales cinco años eran por “asamblea y conspiración para cometer crímenes contra la seguridad nacional”, un año por “divulgar propaganda contra el Estado”, y diez años por “crear y dirigir el grupo ilegal escindido LEGAM” [2]. Según el mencionado artículo 134 del Código Penal Islámico de 2013, se solicitó que cumpliese la máxima sentencia, es decir, diez años de prisión.
Mohammadi ha sido objeto de un contante hostigamiento judicial debido a su trabajo en el campo de los derechos humanos, dentro y fuera de la prisión, incluyendo reiteradas citaciones, interrogatorios y juicios durante varios años.
El 21 de abril de 2012, había comenzado a cumplir otra condena de seis años de prisión, pero había sido puesta en libertad bajo fianza el 31 de julio de 2012 por razones médicas, ya que sufría parálisis muscular y complicaciones pulmonares. El 5 de mayo de 2015, fue arbitrariamente detenida de nuevo, supuestamente con el fin de cumplir el resto de la misma sentencia de seis años de prisión, aunque aún continuaba padeciendo las mismas enfermedades [3]. Mohammadi fue especialmente perseguida tras reunirse con la entonces Alta Representante de la Unión Europea (UE), Catherine Ashton, en Teherán durante su visita en marzo de 2014, lo que originó una acusación de “divulgación de propaganda contra el Estado” en el nuevo caso.
En octubre de 2015, Mohammadi, después de sufrir varios ataques nerviosos, fue trasladada de la prisión al hospital, donde permaneció permanentemente vigilada y fue encadenada de pies y manos a la cama. Este encadenamiento y vigilancia dentro del centro de salud son un castigo inhumano y degradante por llevar a cabo sus actividades de promoción de los derechos humanos [4].
El Observatorio insta una vez más a las autoridades iranís a liberar a Mohammadi de inmediato y sin condiciones, ya que su detención es arbitraria ya que únicamente tiene por objeto sancionar sus actividades en el campo de los derechos humanos, así como a garantizar su integridad física y psicológica en toda circunstancia.
El Observatorio insta, por último, al Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la detención arbitraria, que ha recibido una comunicación oficial sobre el caso de Mohammadi, a que emita con urgencia un dictamen sobre su situación, y reitera su llamamiento a la Unión Europea y al Gobierno de Francia para que intervengan en nombre de la Sra. Mohammadi.
El Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos (el Observatorio) fue creado en 1997 por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y por la FIDH. El objetivo de este programa es prevenir o remediar situaciones de represión contra los defensores de los derechos humanos. La OMCT y la FIDH son ambos miembros de ProtectDefenders.eu, el Mecanismo de la Unión Europea para los Defensores de Derechos Humanos aplicado por la sociedad civil internacional.