"Lamentamos que esta interferencia sin precedentes en relación a importantes testigos de la acusación haya tenido tanta importancia a la hora de establecer la falta de pruebas suficientes para sustentar las alegaciones contra el acusado. La impunidad que persiste en Kenya prevalece por encima de la rendición de cuentas y se sigue defraudando a las víctimas de las atrocidades cometidas durante la violencia poselectoral."
El Sr. Rufo y el Sr. Sang fueron acusados de crímenes contra la humanidad (asesinato, deportación o traslado forzado de población y persecución) presuntamente cometidos en Kenya en el contexto de la violencia surgida tras las elecciones de 2007 y 2008 y que causó al menos 1 133 muertes, 900 casos de violencia sexual y de género, 663 921 personas desplazadas, numerosas víctimas lesiones graves y de destrucción de bienes.
Esta decisión es consecuencia de la sentencia de la Sala de Apelaciones, que revocó el fallo anterior de la Sala de Primera Instancia admitiendo como prueba el uso de los testimonios iniciales de los testigos, que posteriormente habían cambiado su declaración o se negaron a cooperar. Estaba basado en la regla 68 modificada de las Reglas de Procedimiento y Prueba. La Sala de Apelaciones mantuvo que, dado que esta regla se había modificado después del inicio del procedimiento, se había aplicado de forma retroactiva y en detrimento del acusado porque supondría admitir pruebas incriminatorias en su contra. La razón por la que la Fiscalía quería que se admitiesen estas declaraciones era que, después de aportar su testimonio inicial, muchos testigos dejaron de cooperar debido a amenazas, intimidación, soborno o miedo a las represalias. También se han utilizado las redes sociales y blogs para exponer la identidad de los testigos de la acusación.
"La manipulación e intimidación sistemática a la que han sido sometidos los testigos de los procesos de Kenya ha negado a miles de víctimas de la violencia poselectoral la justicia que legítimamente merecen. Es aún más deplorable teniendo en cuenta que las víctimas de estas atrocidades no han obtenido ninguna reparación a escala nacional, sino que, por el contrario, han recibido toda una serie de promesas vanas".
La CPI dictó dos órdenes de detención, en 2013 y en 2015, contra tres keniatas, por acusaciones de manipulación de testigos en el caso de Ruto y Sang. La Sala de Primera Instancia ha identificado un "elemento de sistematicidad" en la interferencia con respecto a varios testigos, lo que sugiere fueron hostigados metódicamente para impedir las actuaciones. Además, una persona que la defensa de Ruto afirmaba era su testigo, fue asesinado a principios de 2015 y el resultado de las investigaciones sobre su muerte aún no se han hecho públicas.
La manipulación sistemática de los testigos condujo a la decisión de la Fiscalía de retirar los cargos contra otros dos acusados de crímenes contra la humanidad en el contexto de la violencia poselectoral en Kenya —el Presidente de Kenia Uhuru Kenyatta [1] y el secretario del Gabinete Francis Muthaura [2].. La Fiscalía indicó que los grandes esfuerzos concertados realizados para intimidar y amenazar a los testigos había hecho que los testigos principales se retiraran o cambiaran sus declaraciones y que varias personas que podían haber aportado pruebas importantes estaban demasiado asustadas para declarar.
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