El estado de emergencia autoriza al presidente del Consejo de Ministros a legislar por decreto, eludiendo de esta forma al Parlamento y socavando los principios democráticos. Asimismo suspende "parcial o totalmente" el ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales, entre otras, las obligaciones adquiridas por Turquía en virtud de la Convención Europea de Derechos Humanos.
Nuestras organizaciones reafirman conjuntamente que la estabilidad únicamente podrá recuperarse mediante el respeto de los derechos humanos y del Estado de derecho. El Gobierno turco debe respetar estrictamente los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Debe respetar en toda circunstancia sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos. El debate sobre el restablecimiento de la pena de muerte para los supuestos líderes del intento de golpe y el proyecto de reforma de la Constitución constituyen otra fuente de preocupación sobre el futuro de los derechos humanos en el país. De conformidad con el derecho internacional de derechos humanos, pueden tomarse medidas de seguridad en situaciones de crisis, siempre y cuando se respete la continuidad del Estado de derecho.
Los responsables deben comparecer ante la justicia tras una investigación independiente, imparcial, rápida y exhaustiva. La Fiscalía debe cumplir las normas internacionales en materia de juicio justo y se debe respetar la presunción de inocencia. Las personas contra quienes no existan pruebas de delito no deben ser víctimas de investigaciones sin fundamento ni de medidas restrictivas. Nuestras organizaciones están preocupadas por la violenta e indiscriminada reacción del Estado. Su objetivo ha sido atacar, por una parte al estamento militar y al poder judicial, con la detención precipitada de varios miles de personas que supuestamente habían participado en el golpe y, por otra parte, a periodistas, abogados, ONG y otras voces críticas, yendo hasta la prohibición generalizada de viajar hecha para las personas del mundo académico.
Alrededor de 50.000 funcionarios públicos han quedado suspendidos de sus funciones y el Gobierno se ha hecho cargo del control de numerosas escuelas, fundaciones y universidades privadas. Asimismo, se han cerrado decenas de asociaciones y medios de comunicación. Deben respetarse los derechos que consagra la legislación internacional a favor de todas las personas detenidas y las autoridades turcas deben velar por su seguridad y su protección. Las investigaciones deben llevarse a cabo dentro del respeto del Estado de derecho. Quienes expresen críticas deben mantener su derecho a expresarse en los espacios públicos.
Esta tentativa se presenta dentro de un contexto de graves violaciones de los derechos humanos y del Estado de derecho por parte de las autoridades de Turquía, restricciones al derecho a la libertad de expresión y a la libertad de los medios de comunicación, eliminación de la inmunidad y amenazas de enjuiciamiento contra la oposición parlamentaria, penalización de la disidencia, planes para concentrar el poder en manos del Presidente, intención de usar la religión como un arma del Gobierno y aplicación de una represión violenta en el sureste.
Debe condenarse el intento de golpe de Estado, pero no debe servir de pretexto para que las autoridades turcas debiliten la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos, ni para reforzar el actual autoritarismo ni debilitar aún más la situación de las personas migrantes en su territorio.
Hacemos un llamamiento a la comunidad internacional, especialmente a la Unión Europea, para que se mantenga alerta e inste a Turquía a permanecer dentro de los límites impuestos por el cumplimiento de sus obligaciones internacionales de derechos humanos. Los intereses geopolíticos no pueden prevalecer por encima del respeto del Estado de derecho y los derechos humanos.