Al mismo tiempo las tristes y numerosas lecciones aprendidas de la ya larga experiencia en este terreno les han llevado a advertir de los efectos potencialmente dramáticos que puede tener centrar la atención exclusivamente en la seguridad.
"En los lugares en los que desde 2001 la primacía absoluta de la seguridad ha dictado la estrategia política, ha imperado la arbitrariedad y se han desarrollado los extremismos e incluso los grupos terroristas. La arbitrariedad alimenta el terrorismo, ningún dirigente democrático razonable puede pretender ignorarlo"
Mientras la actividad terrorista de Daesh inicia una nueva fase internacional, la FIDH lanza un llamamiento solemne a los Estados afectados para que velen por garantizar la seguridad de la ciudadanía dentro del más estricto respeto de los derechos humanos y para que apliquen políticas nacionales y globales coherentes para luchar eficazmente contra este flagelo.
La lucha contra el terrorismo es fundamental para garantizar la seguridad de la ciudadanía, que es a su vez un derecho fundamental. Esto puede adoptar diversas formas, como el refuerzo de los medios operativos necesarios para apoyar la acción de las fuerzas del orden y de inteligencia, la consolidación de la cooperación judicial internacional y la lucha contra la financiación del terrorismo. La doble calificación jurídica de los actos terroristas, como crímenes internacionales, y concretamente como crímenes contra la humanidad, debería asimismo permitir aportar una respuesta jurídica más global y coherente, ajustada a estos ataques programados y concertados cuya amplitud hoy conocemos, al tiempo que permite entender sus mecanismos.
La experiencia demuestra de un modo dramático que en ningún caso esta lucha puede actuar fuera de un marco de respeto al Estado de derecho y de la garantía del respeto de los derechos humanos, conforme a lo que establecen las normas internacionales. Las políticas y legislaciones de excepción adoptadas en el pasado en reacción a actos terroristas han demostrado su ineficacia. Han conducido siempre a violaciones, en ocasiones incluso sistemáticas y con frecuencia con total impunidad, de los principios que reivindican los propios regímenes afectados: racismo y discriminación en razón del origen étnico o nacional, violencias, neutralización de la justicia, vulneración del derecho a un juicio justo, amordazamiento de los medios de comunicación y de la sociedad civil, graves abusos contra la intimidad y la libertad de expresión, discriminación de las mujeres, detenciones arbitrarias, tortura, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, poblaciones desplazadas y refugiadas.
Estas graves violaciones de los derechos humanos son hoy en día un hecho generalizado en muchas sociedades, para ciudadanos y ciudadanas cuyos regímenes han utilizado el miedo legítimo al terrorismo en su propio beneficio político. Las políticas centradas excesivamente en la seguridad, motivadas por la urgencia o por consideraciones electorales o a corto plazo, a menudo perduran. La excepción se transforma en norma, lo derogatorio se vuelve derecho común, lo provisional pasa a ser definitivo. Las graves violaciones que implican estas políticas alimentan en muchos países la incomprensión, la intolerancia, el repliegue identitario, el racismo e incluso el espíritu de venganza que del que se nutre el terrorismo. En muchos países estas políticas han sido desviadas de su objetivo para acallar toda protesta pacífica. La FIDH alerta de las consecuencias potencialmente desastrosas de estos planteamientos limitados exclusivamente a aspectos de seguridad y que conducen a la renuncia de la inteligencia colectiva, e insta a los dirigentes tentados por estas medidas a que tengan el valor político de resistirse a aplicarlas.
Las consecuencias de la Patriot Act aprobada en los Estados Unidos tras el 11 de septiembre de 2001 o de las leyes centradas en la seguridad a ultranza adoptadas en Rusia, en Egipto y en otros muchos países resultan muy esclarecedoras a este respecto. Estas leyes han conducido a la criminalización de las acciones de las organizaciones de la sociedad civil así como a graves violaciones de los derechos humanos, como la arbitrariedad de Guantánamo y de la prisión de Abou Ghraib, denunciadas finalmente en 2015 por un informe del Senado estadounidense al establecer la ilegalidad y la ineficacia de estas prácticas, que lejos de disminuir el terrorismo, han contribuido, por el contrario, a fortalecerlo.
En su resolución 1456 (2003) y en resoluciones posteriores, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha destacado que los Estados deben velar por que las medidas que se toman para luchar contra el terrorismo se ajusten a todas sus obligaciones internacionales y respeten las normas del derecho internacional, concretamente los instrumentos relativos a los derechos humanos, al derecho de las personas refugiadas y al derecho humanitario. Corresponde a estos Estados garantizar la protección de las libertades que las sociedades civiles tienen derecho a exigir y a ejercer.
La FIDH subraya también que la lucha contra el terrorismo no puede en ningún caso apoyarse en regímenes o grupos que cometan graves violaciones de los derechos humanos e incluso que apoyen o hagan apología del integrismo islamista. Esta opción es totalmente contraria a los objetivos de la lucha contra el terrorismo y sitúa a muchas sociedades y poblaciones civiles en una situación de gran inseguridad que exacerba e incluso genera extremismos.
La FIDH advierte asimismo a los dirigentes afectados de que eviten prestar apoyo alguno al régimen de Bashar al Assad en nombre de la lucha contra el terrorismo. La FIDH recuerda que el régimen de Damasco es el principal responsable del conflicto sirio e incluso del desarrollo del Daech. La FIDH también insta a los Estados a alejarse de toda sospecha de apoyo directo o indirecto a los gobiernos o grupos que alimentan el terrorismo. La FIDH insta igualmente a los Estados a que reconsideren sus relaciones diplomáticas con los países del Golfo, como Arabia Saudí y Qatar, por el apoyo que ofrecen a grupos islamistas o terroristas, ampliamente conocido desde hace tiempo. Este cuestionamiento debe incluir la venta de armamento y el apoyo a estos regímenes que cometen, además, graves abusos contra su ciudadanía y contra la población civil.
Por otra parte, las intervenciones militares en nombre de la lucha contra el terrorismo, incluso cuando se realizan por mandato internacional, no han demostrado su eficacia y a menudo han agravado la situación en materia de derechos humanos en los países afectados. La FIDH y sus organizaciones miembros, especialmente las del Magreb y Oriente Próximo, confrontadas a la presencia de grupos terroristas en sus propios países, destacan hasta qué punto la eficacia de la lucha contra el terrorismo debería basarse mucho más en una diplomacia de diálogo y de paz, en un apoyo a la consolidación de los Estados de derecho que respeten los derechos humanos y en una cooperación ambiciosa que incluya un importante apoyo a las organizaciones independientes de la sociedad civil y a todos los actores de una sociedad pluralista y tolerante.
Por último, la FIDH considera fundamental la puesta en marcha de políticas nacionales a gran escala para luchar contra las discriminaciones, las desigualdades y la estigmatización, con arreglo a los convenios internacionales para la protección de los derechos humanos. La falta de estas medidas no hace sino alimentar el rechazo hacia las políticas y el descrédito de las instituciones democráticas, al tiempo que contribuye al auge de los extremismos.