Contexto: la criminalización de la oposición y la resistencia popular
Para reprimir la oposición, algunas autoridades despliegan todo un arsenal de técnicas destinadas a criminalizar a las personas defensoras de los derechos humanos y activistas. Las luchas populares –en particular, las de los pueblos indígenas por el derecho al agua y a la tierra– se tachan de terroristas, los actos de resistencia se confunden con la "deslealtad" y se acusa a las personas activistas de delitos inventados en juicios injustos. A través de estos métodos se intenta justificar la detención, el encarcelamiento y, en ocasiones, el asesinato de activistas pertenecientes a asociaciones, miembros de la oposición política, periodistas y personas defensoras de los derechos humanos.
→ Ver la infografía sobre la criminalización de las personas defensoras de los derechos humanos
En los últimos 20 años, algunos gobiernos –tanto autoritarios como democráticos– han llevado a cabo este tipo de violaciones de los derechos humanos en nombre de la lucha contra el terrorismo. La legislación de emergencia se ha utilizado para reprimir todo tipo de protesta social. En un contexto de capitalismo desenfrenado y globalizado, con un mercado de ciberseguridad en rápida expansión, las consecuencias de esta legislación trascienden los casos individuales y tienen vastas repercusiones para los derechos humanos.
"La legislación de emergencia otorga importantes poderes de vigilancia a las agencias de inteligencia. Empresas de todo el mundo desarrollan, venden y exportan sistemas de vigilancia, que pueden ser utilizados por regímenes o actores privados para facilitar la represión de cualquier voz crítica, con total impunidad."
Vigilancia ilegal: El programa espía Pegasus está implicado en un creciente número de casos
Entre estas empresas, hay un nombre que aparece regularmente en los casos de vigilancia ilegal: Pegasus, de la empresa israelí NSO Group Technologies.
En 2016, Citizen Lab identificó uno de los primeros usos de este programa espía en los Emiratos Árabes Unidos. En 2017, se descubrió en México, donde se compró por el equivalente a 77.000 euros... con dinero procedente de los impuestos. En junio de 2020, se denunció la vigilancia ilegal de un periodista marroquí a través de Pegasus, y a principios de 2021, la de un periodista togolés. Mientras Hungría piratea los dispositivos de periodistas y miembros de la oposición política, Israel utiliza Pegasus para espiar ilegalmente a los personas defensoras de los derechos humanos de Palestina.
A medida que los casos han ido aumentando sin que se salvara aparentemente ningún país, 80 periodistas se embarcaron en una investigación de gran envergadura que culminó en 2021 y que abarcó se centró en 10 países, denominada Proyecto Pegasus y liderada por Forbidden Stories y Amnistía Internacional. Su trabajo reveló "filtraciones masivas" de 50.000 números de teléfono que habían sido objeto del programa espía en todo el mundo. Esta lista causó conmoción en la comunidad internacional, ya que en ella figuraban los nombres de periodistas y personas defensoras de los derechos humanos que habían sido encarceladas o asesinadas.
Acciones legales y sanciones internacionales: la lucha contra la vigilancia ilegal
La lucha contra la vigilancia ilegal que se utiliza para reprimir a la oposición, es una parte fundamental de la defensa de los derechos humanos. Puede adoptar la forma de acciones judiciales contra las violaciones de los derechos de las personas defensoras de los derechos humanos. Es el caso, por ejemplo, del abogado franco-palestino Salah Hammouri, que el 5 de abril de 2022 presentó una denuncia conjunta con la FIDH y la Liga de Derechos Humanos (LDH) contra NSO Group Technologies por vigilancia ilegal de su teléfono. Además, se pueden adoptar sanciones contra las empresas: en diciembre de 2021, varias organizaciones pidieron a la Unión Europea que impusiera sanciones a NSO.
También está en juego la responsabilidad de los Estados. Ante la "asombrosa escalada de la vigilancia dirigida contra las personas defensoras de derechos humanos" por parte de Pegasus, varias organizaciones, entre ellas la FIDH, han instado "a todos los Estados a aplicar una moratoria hasta que se establezca un marco regulador claro de respeto de los derechos humanos." La petición de una moratoria sobre la venta, la transferencia y el uso de las herramientas de vigilancia fue realizada por primera vez por el relator especial de la ONU sobre la libertad de opinión y de expresión, David Kaye, que en 2019 pidió que se prohibiera inmediatamente la tecnología de vigilancia hasta que se establecieran controles nacionales o internacionales efectivos para disminuir su impacto negativo.
Los grupos de derechos humanos también están sensibilizando a las organizaciones internacionales sobre los peligros de la vigilancia ilegal. Así ocurrió en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con motivo de una audiencia sobre cibervigilancia en El Salvador en marzo de 2022, en la que se volvió a mencionar a Pegasus.
Promover un marco normativo internacional contra la vigilancia ilegal
Aunque algunos Estados utilizan la lucha contra el terrorismo para justificar la vigilancia ilegal, la impunidad continúa prevaleciendo. Es necesario reforzar el marco normativo que regula el uso de las tecnologías de vigilancia y los medios legales para proteger a las víctimas.
A nivel internacional, es urgente adoptar un marco jurídico para exigir transparencia en el uso y la adquisición de tecnologías de vigilancia.
"La FIDH pide la derogación de la legislación y el cese de las prácticas represivas que se utilizan o se refuerzan en nombre de la lucha contra el terrorismo, así como un mayor control de la venta, la exportación y el uso de los sistemas de vigilancia."
En febrero de 2022, la Comisión Europea adoptó una propuesta de directiva sobre diligenciadebida empresarial sostenible. Cuando se inicie la fase de negociación en el Parlamento Europeo, el texto debería tener en cuenta la situación de las personas defensoras de los derechos humanos que son objeto recurrente de represalias por alzar la voz en el contexto de proyectos económicos.
Un programa espía tan poderoso y peligroso supone una amenaza contra el derecho a la intimidad de todas las personas. Además, la vigilancia ilegal ataca directamente a nuestra libertad de asociación, reunión y expresión
y son quienes osan decir la verdad al poder, quienes dan la cara, desafían a los poderes fácticos, defienden nuestros derechos, ven cómo se vulneran y se amenaza a sus datos personales, su salud, su seguridad y su vida privada. Estas personas valientes son el objetivo principal de esta potente arma tecnológica.
Es necesario luchar contra esta amenaza digital. Demanda a demanda, ley a ley, sanción a sanción, moratoria a moratoria, investigación a investigación.